La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) hace pública su protesta ante la actitud autoritaria del alcalde de la provincia de Camaná (Arequipa), Víctor Antonio Chávez de la Cadena, quien ha interpuesto una querella criminal por delito de difamación agravada contra Marco Antonio Turpo Cari y Carlos Astete Espinoza, periodistas de Radio Juventud y Ana Valeriano Fuentes, propietaria de dicha emisora. La acción judicial iniciada ante el Juzgado Penal provincial de Camaná responde a la actividad informativa de los comunicadores sociales quienes han criticado la gestión edil del querellante.
Para la ANP la querella de la referida autoridad municipal constituye una clara actuación de represalia y una forma de coacción, similar a las que hemos denunciado en forma reiterada, pues se trata de una indebida utilización de los tribunales de justicia para lograr el objetivo de atemorizar e imponer la censura a la actividad periodística independiente, crítica o de investigación.
Tal actitud significa utilizar un subterfugio legal y procesal para encubrir la violación del derecho a la libertad de expresión y al principio mínimo de respeto a la tolerancia que caracteriza a la democracia lo que, en el presente caso, se ejecuta nada menos que por decisión de un alcalde elegido en un proceso electoral.
La acción judicial se da además, a pesar de la oportunidad concedida al querellante para efectuar el respectivo descargo ante el cuestionamiento a su actividad edil. Los periodistas, mediante un pedido formal de información, brindaron la oportunidad al alcalde de aportar pruebas que permitan contrastar las denuncias y versiones recibidas sobre una dudosa transparencia en dicha administración local.
La ANP, además de expresar su más enérgica protesta frente a la actitud del querellante, reitera, una vez más, su petición a los magistrados de la Corte Suprema a fin de que establezcan orientaciones y criterios comunes a consideración de los jueces al momento de admitir y resolver dichas querellas, que suelen ser interpuestas maliciosamente por autoridades y funcionarios públicos que pretenden utilizar la actividad judicial y la amenaza de sufrir carcelería y graves sanciones pecuniarias para acallar a los periodistas que les resultan incómodos, principalmente por denunciar hechos de corrupción.
La ANP, además, hace un llamado a los distintos actores políticos, sociales y colectividad peruana en su conjunto, para promover decididamente la denominada despenalización de los delitos de prensa, que deje a salvo, en la vía civil, la tutela de los derechos de las personas presuntamente afectadas en su honor, siguiendo criterios asumidos por la jurisprudencia de los tribunales en varios países de nuestro entorno y acorde con las recientes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial para la promoción y protección a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas.
Lima, 6 de julio 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Para la ANP la querella de la referida autoridad municipal constituye una clara actuación de represalia y una forma de coacción, similar a las que hemos denunciado en forma reiterada, pues se trata de una indebida utilización de los tribunales de justicia para lograr el objetivo de atemorizar e imponer la censura a la actividad periodística independiente, crítica o de investigación.
Tal actitud significa utilizar un subterfugio legal y procesal para encubrir la violación del derecho a la libertad de expresión y al principio mínimo de respeto a la tolerancia que caracteriza a la democracia lo que, en el presente caso, se ejecuta nada menos que por decisión de un alcalde elegido en un proceso electoral.
La acción judicial se da además, a pesar de la oportunidad concedida al querellante para efectuar el respectivo descargo ante el cuestionamiento a su actividad edil. Los periodistas, mediante un pedido formal de información, brindaron la oportunidad al alcalde de aportar pruebas que permitan contrastar las denuncias y versiones recibidas sobre una dudosa transparencia en dicha administración local.
La ANP, además de expresar su más enérgica protesta frente a la actitud del querellante, reitera, una vez más, su petición a los magistrados de la Corte Suprema a fin de que establezcan orientaciones y criterios comunes a consideración de los jueces al momento de admitir y resolver dichas querellas, que suelen ser interpuestas maliciosamente por autoridades y funcionarios públicos que pretenden utilizar la actividad judicial y la amenaza de sufrir carcelería y graves sanciones pecuniarias para acallar a los periodistas que les resultan incómodos, principalmente por denunciar hechos de corrupción.
La ANP, además, hace un llamado a los distintos actores políticos, sociales y colectividad peruana en su conjunto, para promover decididamente la denominada despenalización de los delitos de prensa, que deje a salvo, en la vía civil, la tutela de los derechos de las personas presuntamente afectadas en su honor, siguiendo criterios asumidos por la jurisprudencia de los tribunales en varios países de nuestro entorno y acorde con las recientes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial para la promoción y protección a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas.
Lima, 6 de julio 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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