El 25 de enero de 2012, en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, las periodistas, Esther Valenzuela Zorilla, Gudelia Machaca Calle y Rosario Romaní Díaz, del diario "La Calle" y radio Estación Wari, fueron objeto de ataque mediante un escrito calumnioso y difamatorio que fue circulado mediante correos electrónicos masivos.
En el escrito que se presume fue elaborado por personas cercanas al actual presidente de la región Ayacucho, Wilfredo Oscorima.Nuñez, los agresores defienden una cuestionada compra de maquinaria pesada realizada por dicha autoridad y agravian la conducta profesional y privada de las periodistas.
También, personas afines a la gestión de Oscorima a través de algunos medios de comunicación han emprendido una campaña de desprestigio en contra de las comunicadoras. Ellas, denuncian, con la intención de intimidarlas para no continuar informando sobre este presunto caso de corrupción que compromete al presidente y funcionarios del gobierno regional de Ayacucho, así como, a los representantes de las empresas que participaron en esta supuesta compra directa.
La periodista Romaní Díaz, denunció que en tres oportunidades, ha sido amenazada de muerte a través de llamadas anónimas a su teléfono celular. Un sujeto le indicó que la tenían vigilada y que sabían donde vivía por lo que debía cuidarse.
En el diario La Calle y el programa periodístico de radio Estación Wari, se denunció de cómo se llevó a cabo un procedimiento presuntamente ilegal para la adquisición de las maquinarias. Las periodistas denunciaron que el Gobierno Regional de Ayacucho pagó 20 millones de soles como adelanto de los 60 millones del costo total de la compra. Un pago que se hizo con el dinero destinado a la construcción del hospital Regional de Ayacucho.
Compra realizada pese a que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE la declaró ilegal por lo que recomendó resolver el contrato. A su turno, la Oficina de la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, objeto el perfil técnico de inversión con 23 observaciones, por lo que actualmente se encuentra sin viabilidad. Razones éstas, por lo que no existiría ni perfil ni expediente técnico que haya autorizado legalmente realizar la compra de las maquinarias.
Ante este hecho, la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios, intervino de oficio e inicio una investigación preliminar por los supuestos delitos de colusión, malversación de fondo, peculado, entre otros en los que habría incurrido el consejo regional, el presidente regional y sus funcionarios.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
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