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25 de febrero de 2015

Alerta Perú (LORETO-NAUTA) - JUEZA SENTENCIA A COMUNICADOR QUE CUESTIONÓ PÚBLICAMENTE A DIRECTORA DE COLEGIO

En la provincia de Loreto Nauta, departamento de Loreto, María Inés Díaz Lozano, jueza del Juzgado de Paz Letrado, condenó al comunicador social Denis Janders Flores Díaz, colaborador de radio Ayahuasca, a veinte jornadas de prestación de servicios comunitarios y al pago de una indemnización pecuniaria, por una supuesta falta contra la persona en agravio de la funcionaria pública Angela Fahara Torres López, directora de la Institución Educativa Pública Inicial N° 259 “Gotitas de Amor”.

En la sentencia que evidencia falta de motivación, y se dicta sin haberse cumplido las reglas de valoración de las declaraciones de la supuesta agraviada y sus testigos, la jueza califica de “dolosa” la supuesta falta.

La jueza, según denunció el hombre de prensa, habría vulnerado su derecho de defensa contraviniendo el debido proceso. En una sesión de audiencia y sin contar con abogado, no se le permitió expresarse debido a las interrupciones de la autoridad cuestionando su labor de comunicador social y exigiéndole título profesional y colegiatura para informar a través de un medio radial, desconociendo lo prescrito en la Constitución en su artículo 2 inciso 4 y, lo que sustenta una Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N°0027-2005 –PI/TC. La conducta de la jueza –ha manifestado el comunicador- evidenció vulneración al principio de independencia, al haberse parcializado con la denunciante. 

El 19 de junio pasado, el comunicador fue abordado por la funcionaria en momentos en que se encontraba en la Plaza Armas de Nauta, frente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), encendiendo su motocicleta. Ella, desde el local de la UGEL, cruzó la calle para aproximarse e increparle sobre las denuncias que había realizado en su contra. El comunicador social respondió el ataque, tal como ha declarado en juicio, más no la insultó, como sí lo hizo la funcionaria y así lo contempla la sentencia. El comunicador refiere que tras insultarle y amenazarlo que iba a denunciarlo en la comisaría, ella se retiró golpeando su gorro con la mano.  

Flores Díaz, a través de la radio, difundió una acusación de abuso de autoridad promovida por Marcos Meléndez Reátegui, trabajador administrativo de la institución que dirige la funcionaria cuestionada. El comunicador también hizo pública una denuncia que presentó ante el Ministerio Público contra dos maestras que laboraban en el colegio que dirige la funcionaria. Estas fueron separadas de ese centro educativo por actos contrarios a la moral.

La difusión de estas informaciones habrían motivado actos de hostigamiento contra él, el último, el ataque en la Plaza de Armas, seguido de querella por la que ha sido sentenciado.
  

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web:www.anp.org.pe ; E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe

Alerta Perú (HUAMANGA-LIMA) - PRESIDENTE DE CORTE DE AYACUCHO IMPULSÓ DENUNCIA CONTRA RADIO ESTACIÓN WARI Y DIARIO LA CALLE

El Departamento de Investigación de Terrorismo de la Policía Nacional del Perú citó a la periodista Lilia Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle  y miembro del equipo periodístico del programa “Estación noticiosa”, de radio Estación Wari, para rendir manifestación el reciente 14 de octubre en proceso abierto por denuncia del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Tony Changaray Segura.

El pasado 21 de febrero, Changaray Segura, mediante oficio dirigido al Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, solicitó se investigue al diario La Calle y radio Estación Wari, porque -dice- estos medios atacan y desprestigian al Poder Judicial, al Gobierno Regional de Ayacucho y otras instituciones democráticas y les imputa una supuesta colaboración con el denominado grupo MOVADEF -Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales-.

El magistrado basa su acusación en las declaraciones del alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Amilcar Huancahuari Tueros, quien durante una conferencia de prensa acusó a radio Estación Wari y diario La Calle de estar siendo utilizados por personas del MOVADEF. La autoridad edil hizo la imputación sin presentar evidencias ni pruebas. Centró su señalamiento en el quehacer de dos comunicadores que laboraban en ese entonces en dichos medios, aduciendo que sus publicaciones eran ataques sistemáticos contra jueces del Poder Judicial.
Radio Estación Wari y el diario La Calle han señalado que sus denuncias periodísticas han motivado investigaciones y procesos legales contra funcionarios públicos involucrados en presuntos hechos de corrupción. Precisamente el alcalde provincial de Huamanga se encuentra procesado por el delito de peculado de uso -tipo penal que se configura cuando el funcionario o servidor público, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda-.

Esta nueva intimidación contra radio Estación Wari y el diario La Calle se suma a amenazas públicas y acoso judicial contínuo. Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú estas acciones, que constituyen ataque sistemático, buscarían silenciar dichos medios.
Radio Estación Wari y el diario La Calle han cuestionado la actuación del juez Tony Changaray Segura, máxima autoridad del Poder Judicial en Ayacucho. De manera particular han sido críticos con la firma de un convenio suscrito entre el Poder Judicial y el Gobierno Regional de Ayacucho, el que comprometería la independencia de los jueces que juzgan a funcionarios de ese Gobierno Regional por delitos de corrupción.


La periodista Lilia Esther Valenzuela Zorrilla ha manifestado que Radio Estación Wari y el diario La Calle son medios independientes que han venido informando y denunciando la actuación de autoridades municipales, regionales, así como, a las autoridades del Poder Judicial. Valenzuela Zorrilla, en comunicación con la Oficina de los Derechos Humanos de la ANP, ha ratificado que dichos medios son firmes en su posición frente a la corrupción como lo son frente a la subversión, por lo que rechaza todo intento de vinculación con el MOVADEF. "Radio Estacion Wari y el diario La Calle, siempre estarán en defensa de la ley y del Estado de Derecho y contra toda acción terrorista", sentenció.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
 Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Carlos Juárez Córdova. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: www.anp.org.pe; E-mail:anp@amauta.rcp.net.pe y/o ofip.peru@gmail.com


27 de mayo de 2014

Alerta Perú (HUAMANGA) - JUECES LIMITAN DERECHO DE DEFENSA A PERIODISTA CONDENADA POR DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCIÓN

Alerta publicada 24 de marzo de 2014 a la(s) 11:22

El 11 de marzo de 2014, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, la  Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho declaró improcedente el recurso de nulidad que interpuso la periodista Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle, contra la Resolución Nº 20 de esa Sala que la condenó a dos años de prisión suspendida y al pago de quince mil nuevos soles por concepto de reparación civil. 

En la Resolución Nº 22, emitida por la Sala Especializada en lo Penal de Ayacucho, los magistrados Antenor Gustavo Jorge Aliaga, Liliam Janet Murillo Valdivia y, José Moisés Bonilla Frías manifestaron que “la resolución cuestionada no se encuentra comprendida como resolución recurrible en recurso de nulidad”, e invocan el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales, desestimando lo que prescribe este artículo en su inciso e) “el recurso de nulidad procede contra las resoluciones expresamente previstas por la ley”.

La defensa de la periodista al amparo del artículo 314 del Código de Procedimientos Penales que corresponde a procedimientos especiales en juicios por el delito de imprenta y otros medios de publicidad, interpuso recurso de nulidad ejerciendo su derecho constitucional de instancia plural. La negativa de los jueces para impedir que la resolución judicial cuestionada no sea revisada por instancia superior supone una presunción de absolutismo en su fallo.

Con este intento de vulneración al acceso a la instancia plural, se suma un ataque más de persecución jurídica que viene siendo objeto la periodista, desde que el diario la Calle publicó denuncias que comprometen la conducta ética y función pública del actual Presidente de la Corte de Justicia de Ayacucho, Tony Changaray Segura.

Tras estos cuestionamientos la autoridad judicial amenazó en conferencia de prensa con condenar a la periodista. En el proceso en el que se condena a la periodista se ha vulnerado, además, el derecho a la igualdad procesal, motivación de resoluciones y observancia del debido proceso, con la evidente falta de independencia en la función jurisdiccional.
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Alerta Perú (HUAMANGA) - SALA PENAL DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA PERIODISTA

Publicado el 14 de marzo de 2014 a la(s) 10:51

La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó a la periodista Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle, a dos años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de quince mil nuevos soles por concepto de reparación civil, por el supuesto delito de difamación agravada contra Isaac Ernesto Molina Chávez, ex presidente del Gobierno Regional de Ayacucho. 

La sentencia de fecha 24 de enero de 2014 confirma la emitida en primera instancia el 21 de octubre de 2013, por el juez del Primer Juzgado Penal de Huamanga, Rigoberto Dueñas Carhuapoma, la misma que fue apelada por la defensa de la periodista por adolecer de motivación, vulnerándose el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Los magistrados Antenor Gustavo Jorge Aliaga, Liliam Janet Murillo Valdivia y José Moisés Bonilla Frías, de la Sala Superior, han incurrido en el mismo error de quienes fallaron en primera instancia, ya que el dictamen no está debidamente motivado y la fundamentación en derecho es paupérrima.

En este caso no se ha tomado en cuenta la importancia de pasar por la formulación de un juicio ponderativo que tenga en cuenta las circunstancias del caso tratándose de un funcionario público cuyo ejercicio estaba cuestionado por las irregularidades que el propio colegiado reconoce en su sentencia y que la conducta de la periodista estaba amparada en el ejercicio de las libertades de expresión y de información.  Para los jueces el honor del funcionario público ha prevalecido sobre estos derechos fundamentales.

Sin embargo, surge una contradicción argumentativa cuando para fijar el pago de la reparación civil señalan que “el agraviado, producidos los hechos, tenía la condición de funcionario público y que por consiguiente los límites de la crítica son más amplios que los de un particular”. Hay que agregar que los jueces no dan cuenta cuál es el daño ocasionado al funcionario público.

La querella contra la directora del diario La Calle fue promovida en el 2011 por el ex presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Isaac Ernesto Molina Chávez, luego que en el impreso se denunciaran irregularidades en el proceso de licitación para la remodelación del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena, centro hospitalario que fue demolido y que hoy se encuentra en ruinas y abandonado. Los presuntos responsables afrontan procesos de investigación judicial.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en acto público, amenazó con sentencias condenatorias contra los periodistas de la circunscripción que tienen abiertos procesos por difamación. La persecución judicial contra el diario La Calle se puso en evidencia tras informaciones periodísticas críticas que cuestionaron un convenio suscrito entre ese poder del Estado y el Gobierno Regional de Ayacucho.
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26 de mayo de 2014

SALA PENAL DE CORTE SUPERIOR DE AYACUCHO COFIRMA CONDENA CONTRA PERIODISTA

El 24 de enero de 2014, la Sala Penal de la Corte Superior de  Ayacucho condenó a la periodista Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle, a dos años de pena privativa suspendida y al pago de quince mil nuevos soles por concepto de reparación civil, por el supuesto delito de difamación agravada contra Isaacc Ernesto Molina Chávez, ex presidente del Gobierno Regional de Ayacucho. La Sentencia confirma la emitida en primera instancia el 21 de octubre de 2013, por el Primer Juzgado Penal de Huamanga, Rigoberto Dueñas Carhuapoma. La periodista viene siendo objeto de persecución judicial por  cuestionar un convenio entre el Presidente de esa Corte de Justicia con la primera autoridad regional, que es procesado por presuntos delitos de corrupción por jueces de esa judicatura.

Alerta Perú (HUAMANGA) - JUEZ CONDENA A PERIODISTA POR CUESTIONAR GESTIÓN DE AUTORIDAD REGIONAL EN CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL

En la provincia de Huamanga, región Ayacucho, Rigoberto Dueñas Carhuapoma, juez del Primer Juzgado Penal de Huamanga, condenó  a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de 25 cinco mil nuevos soles, por concepto de reparación civil, a la periodista Lilia Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle, en la querella por difamación agravada presentada en el 2011, por el entonces presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Isaac Ernesto Molina Chávez.
 
En la sentencia emitida el 21 de octubre de 2013 el juez, además, ordena a la periodista comparecer cada mes ante su juzgado para dar cuenta sobre las actividades que realiza y al pago del monto total de la reparación civil en un plazo de 6 meses, caso contrario, le será revocada su libertad y la prisión se haría efectiva.
 
El argumento que sustenta la decisión de juez recae en la publicación del diario La Calle, de fecha 11 de octubre de 2010, titulada “Más de 100 millones en juego – Faenón en construcción de hospital”, cuyo contenido cuestiona un posible otorgamiento de la buena pro a la empresa postulante BM3 Obras y Servicios S.A,  ligada a Fortunato Canaán, empresario denunciado por la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción por favorecimiento en licitaciones de construcción de hospitales de Esasalud en varias regiones del país.
 
La publicación de estricto interés público para el juez –según su fallo-  denigró la personalidad del presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, pues dice que “se pone en tela de juicio su honra y su moral, así como crea convicción negativa en cuanto a la labor que desempeña”.
 
La autoridad dentro de sus  motivaciones, invoca el Acuerdo Plenario Nº 3-2006/CJ-116,  desnaturalizando su interpretación. La autoridad jurisdiccional no realizó el juicio ponderativo del caso, teniendo en cuenta que la publicación está amparada en el derecho legítimo de expresión e información que tiene el pueblo de Ayacucho frente al derecho al honor que invoca el querellante, pues éste no tenía la calidad de ciudadano común sino de funcionario público. Por tanto, los cuestionamientos y críticas estaban reñidas estrictamente en la esfera que comprometía su gestión y, no como se pretende argumentar en la sentencia, en su honra y  moral privada.   
 
A propósito, el fundamento jurídico 10 de este Acuerdo precisa que cuando las expresiones cuestionadas incidan en personajes públicos o de relevancia pública, estos, en aras del interés general en juego, deben soportar cierto riesgo a que sus derechos subjetivos resulten afectados por expresiones o informaciones de ese calibre – más aún si las expresiones importan crítica política-, en tanto éstas se perciban como instrumento de los derechos de participación política.
 
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Alerta Perú (HUAMANGA)- ORDENAN DETENCIÓN Y CAPTURA DE DIRECTORA DE DIARIO LA CALLE

19 de octubre de 2013 a la(s) 17:51

El 14 de octubre de 2013, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, mediante Resolución Nº 09, el juez Rigoberto Dueñas Carhuapoma, del Primer Juzgado Penal de Huamanga, declaró Reo Contumaz a la periodista Lilia Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle.
En el contenido de la resolución la autoridad jurisdiccional imparte órdenes a nivel nacional para “la inmediata ubicación, captura y conducción” de la periodista.
La mencionada resolución se emitió el mismo día que, en conferencia de Prensa, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Tony Changaray Segura, expresó una serie de calificativos injuriantes contra el diario La Calle y radio Estación Wari, adelantando opinión sobre sentencias condenatorias a periodistas de dichos medios que actualmente afrontan querellas judiciales.
La querella contra la directora del diario La Calle fue promovida en el 2011 por el ex presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Isaac Ernesto Molina Chávez,  luego que en el impreso se denunciara irregularidades en el proceso de licitación para la remodelación del Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena”, centro hospitalario que fue demolido y que hoy se encuentra en ruinas y abandonado. Los presuntos responsables afrontan procesos de investigación judicial.
El diario La Calle, es un medio que ha venido realizando investigaciones periodísticas y revelando actos de corrupción en la gestión pública, principalmente en el Gobierno Regional de Ayacucho. Muchos de los casos se encuentran judicializados. 
La animadversión del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho se ha puesto en evidencia tras atacar a los medios luego de que éstos cuestionaran un convenio entre ese poder del Estado y el Gobierno Regional de Ayacucho. 
La entidad regional ha desembolsado un millón doscientos mil nuevos soles para fines de construcción de ambientes de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. La misma corte donde jueces investigan y juzgan por presuntos delitos de corrupción al actual presidente de la región, Wilfredo Oscorima Nuñez y otros funcionarios.
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Alerta Perú (SAN IGNACIO) - JUEZ CONDENA A PERIODISTAS A TRES AÑOS DE CÁRCEL Y AL PAGO DE CIEN MIL NUEVOS SOLES

8 de agosto de 2013 a la(s) 18:40

En la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, Harold Ortiz Carrasco, juez del Juzgado Mixto Penal Unipersonal Transitorio, condenó a tres años de pena privativa de la libertad suspendida, al periodista Santos Pasapera Portilla, al reportero Nexar Jaramillo Dávila y al locutor Jeston Vásquez Tocto, de radio Studio 97, por el supuesto delito de difamación agravada.
 
En la Resolución No. 11,  de fecha 24 de julio de 2013, el magistrado les impone un pago de cien mil nuevos soles (aprox. 30 mil dólares americanos) por concepto de reparación civil en favor de Euler Bery Jave Díaz, gerente general de la Municipalidad de San Ignacio, funcionario que interpuso la querella contra los comunicadores sociales. También se ordena el pago de ciento veinte días multa computados sobre el 25% de sus remuneraciones mensuales y la cancelación de las costas procesales.
 
El 07 de marzo de 2012, dos años después, que los periodistas emitieran opinión sobre informaciones periodísticas que daban cuenta de sus antecedentes con la justicia lo que generó críticas en un sector de la población, Euler Bery Jave Díaz presentó querella criminal contra los comunicadores alegando perjuicio a su honor.
 
Al momento de ser querellados los periodistas cuestionaban presuntos hechos de corrupción que comprometían la labor del funcionario. Una de las denuncias está contenida en la Carpeta Fiscal  81-2012, investigación por presuntos delitos de peculado, colusión desleal, patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido en el cargo.
 
El fallo del juez Ortiz Carrasco fue apelado. Los periodistas en su petitorio expresan  que se han “violentado principios procesales de estricta observancia en una resolución de carácter de sentencia”. La condena no está fundada en elementos de prueba idónea.
 
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Alerta Perú (BAGUA) - LEGISLADOR PERSISTE EN QUERELLA CONTRA PERIODISTA A PESAR DE ARCHIVAMIENTO DICTADO POR JUEZ PROVINCIAL

Publicado el 6 de Julio de 2013 a la(s) 10:56

En la provincia de Bagua, departamento de Amazonas, el congresista de la República, Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, ha apelado la decisión del Juez Supernumerario del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Bagua, Johnny Gómez Balboa, quien resolvió declarar el archivo definitivo de la querella iniciada por el legislador contra del periodista Segundo Claudio Mendoza Carmen, director del noticiero Hit’s Star Noticias, que transmite radio Stereo Hit’s Star.
 
En la resolución que tiene fecha 9 de mayo de 2013, el juez resolvió archivar el proceso por ausencia injustificada del querellante y por pretender condicionar a la autoridad jurisdiccional la fecha y hora de una nueva audiencia. El congresista en un escrito conminaba al juez a adecuar la hora y la fecha de la diligencia a su disponibilidad de tiempo. 
 
Tras la apelación del legislador el caso está ahora en la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. 
 
En el mes febrero del año en curso, el legislador presentó querella criminal contra el periodista por supuesta difamación agravada. Mendoza Carmen a través de su programa radial había cuestionado una nota de prensa remitida por el congresista donde indicaba que estaría presente en el proceso de evaluación de los profesores que postulaban a plazas por contrato en el sector educación. El periodista, a su estilo, manifestó que esa no era función de un congresista y que, si de fiscalización se trata, debía primero fiscalizar al gerente Subregional de Bagua, Wilfredo Becerril Rodríguez, su hermano.
 
El legislador asumió la crítica y los cuestionamientos a su conducta funcional como ofensa a su honor y reputación. Por ello solicitó que se le imponga al hombre de prensa una pena privativa de la libertad de 3 años y un pago por concepto de reparación civil de quinientos mil nuevos soles (aproximadamente 180 mil dólares americanos).
 
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Alerta Perú (LIMA) - ARCHIVAN DENUNCIA CONTRA PERIODISTA QUE CRITICÓ A AUTORIDADES MUNICIPALES

Alerta publicada el 20 de junio 2013 


El pleno del Jurado Nacional Especial de Huaura resolvió archivar la denuncia contra el periodista Carlos Orozco García, conductor del programa “La Hora Huarochirana”, que transmite radio Inca, en la provincia de Lima, al no haber mérito para abrir procedimiento de determinación de infracción a las normas que regula la propaganda electoral en periodo electoral.
  
Esta resolución, de fecha 10 de junio del 2013, se emitió en el marco del Proceso de Segunda Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales, a realizar el próximo 7 de julio de 2013, en el distrito de San Pedro de Casta, tras denuncia presentada contra el comunicador social por el procurador público y asesor legal de dicho municipio, Luis Chanamé Gonzales.
El funcionario acusa al periodista de lesionar su honor y el del acalde, luego que éste emitiera opinión crítica sobre su conducta funcional.
  
Los cuestionamientos periodísticos del comunicador social hicieron referencia a una denuncia del año 2012 contra el alcalde del distrito de San Pedro de Casta, Castulo Liberto Obispo Bautista. Al funcionario público se le cuestionaba que en una sesión de Concejo haya dispuesto tomar posesión de una donación que no le pertenecía al municipio.

Este proceso iniciado contra el periodista, aduciendo infracción a las normas electorales, no es el único. El 23 de abril de 2013, Chanamé Gonzales, en representación de la municipalidad, mediante carta notarial no sólo pidió al periodista se rectifique sobre lo difundido, acusándole de lesionar su honor, sino que amenazó con iniciar acciones legales en su contra.
  
El periodista en su programa dio lectura a la carta notarial, hizo la aclaración, sin embargo, el hostigamiento continúa, pues la amenaza de querella persiste.
  
Recientemente en un programa radial que promociona Castulo Obispo Huamán, hijo del alcalde, se increpó al periodista por las críticas contra la gestión de la autoridad municipal. 

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Alerta Perú (HUARAZ) - PERIODISTA ES CONDENADO A DOS AÑOS DE PRISIÓN SUSPENDIDA

Alerta publicada el 23 de mayo de 2013 

El 21 de mayo de 2013, en la provincia de Huaraz, departamento de Lima, la jueza Rosana Luna León, titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal del Distrito Judicial de Ancash, condenó a dos años de prisión suspendida al periodista Alcides Peñaranda Oropeza, director del diario y la revista Integración, en la querella criminal que le interpuso el presidente del gobierno regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, por supuesto delito de difamación.

La autoridad jurisdiccional, cuestionada por medios locales por su reciente nombramiento, tras ser descalificada en una primera evaluación, le ordena al periodista cumplir reglas de conducta y un pago de 10 mil nuevos soles por concepto de reparación civil en favor de la autoridad. 
La defensa del periodista, interpuso recurso de apelación por considerar el fallo contrario a Derecho, pues los hechos que menciona la autoridad como supuesto daño a su honor no han sido probados como tal, ni la autoridad jurisdiccional sometió la controversia a una debida ponderación entre la libertad de expresión y el derecho al honor tratándose de funcionarios públicos, tal como manda el ACUERDO PLENARIO N° 3-2006/CJ-116. Por tanto, al no existir motivación en la sentencia se vulneró un principio legal y la garantía del supuesto condenado.
El Presidente del Gobierno Regional de Ancash, luego que el diario Integración cumpliera con informar a la opinión pública sobre la existencia de supuestos hechos de corrupción que involucrarían su gestión, demandó al periodista acusándole de lesionar su honor y buen nombre ya que –según refiere- es una autoridad ejemplar.
En las publicaciones, se hacen críticas y se opina estrictamente sobre la función pública de la autoridad y no sobre su conducta privada. Además, se difundió información publicada en el semanario Hildebrandt en sus Trece, en relación a una supuesta protección del Ministerio Público local a la autoridad. Por esta y otras publicaciones el director de ese medio, César Hildebrandt y la reportera Melissa Pérez, también fueron querellados por la autoridad.
En este caso, el 25 de abril del presente, la Jueza del 25° Juzgado Penal de Lima, Fernanda Ayasta Nassif, emitió sentencia absolutoria para los periodistas. Entre otros fundamentos, se tomó en cuenta que “…la protección del afectado se relativizará cuando las expresiones cuestionadas incidan en personajes públicos o de relevancia pública, quienes en aras del interés general en juego, deben soportar ciertos riesgos a que sus derechos subjetivos resulten afectados por expresiones o informaciones de ese calibre –más aún si esas expresiones importan una crítica política, en tanto éstas se perciben como de los derechos de participación política.”
Por otro parte, el 13 de mayo, al finalizar una sesión de audiencia en el caso de Peñaranda Oropeza, la periodista Yolanda Quito Camones, gerente del diario Integración fue golpeada por un grupo de personas allegadas al presidente regional. Minutos antes Wilson Vásquez, conductor del vehículo oficial que transporta a la autoridad intentó atropellarla.  
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13 de mayo de 2013

Alerta Perú (LIMA) - EX MANDATARIO PRESENTA QUERELLA CONTRA DIRECTOR DE DIARIO 16


En Lima, departamento del mismo nombre, el expresidente del Perú, Alan García Pérez, presentó una querella criminal contra el director de Diario 16,  el periodista Fernando Valencia.
En oficio enviado por el Juez Titular del Noveno Juzgado Penal de Lima, Rómulo Augusto Chira Cabezas, de fecha 5 de abril de 2013, y recepción 16 de abril, éste conmina al medio bajo "responsabilidad funcional en caso de incumplimiento" a que le remita a la brevedad posible y con carácter de urgente a su despacho nombre completo del director del diario. El documento, agrega, que “urge lo solicitado en la querella promovida por delito contra el Honor – Difamación en agravio de Alan Gabriel Ludwig García Pérez”.
La autoridad jurisdiccional no precisa el supuesto grave daño al honor del ex mandatario ni en qué consisten las pruebas que sustenten la imputación del delito en que habría incurrido el periodista por opinar, criticar, informar o publicar alguna información que esté relacionada con la vida privada e íntima de quien fue gobernante del país y actual líder político del Partido Aprista Peruano (APRA).
Diario 16, denuncia la acción promovida por la ex autoridad como presión jurídica para silenciar al medio. Informa, que  a la redacción "nunca llegó una carta notarial de Alan García solicitando una nota aclaratoria o una rectificación, como suelen hacer como primera medida las personas que creen que han sido afectadas por alguna publicación periodística".
El medio de comunicación viene informando y publicando denuncias relacionadas con los denominados “narcoindultos”, investigación que realiza la Megacomisión del Congreso en relación a conmutación de penas e indultos que habría concedido el exmandatario a cerca de 5 mil personas y, que según denuncias, evidenciarían irregularidades que comprometen su gobierno.


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Alerta Perú (LIMA) - PROCURADOR DE CONSEJO DE MINISTROS DENUNCIA A PERIODISTA Y LE EXIGE QUE REVELE SU FUENTE INFORMATIVA


En la provincia de Lima, departamento del mismo nombre, Pedro Yaranga Quispe, periodista del diario digital Crónica Viva y experto en temas de narcoterrorismo fue denunciado por Carlos Enrique Cosavalente Chamorro, procurador público de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien lo acusa del presunto delito de falsedad genérica.
 
El pasado 13 de abril del 2013, el periodista fue citado a la División de investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, que dirige el Mayor PNP Juan Taramona Guillén, para rendir su manifestación. En la diligencia, el Procurador interrogó al periodista e intentó obligarle no sólo a que revelé su fuente informativa, sino que responda si "sus fuentes le autorizaron a que divulgue la información que le dieron". 
 
En febrero del presente año, el programa “Cuarto Poder”, de América Televisión Canal 4, difundió el reportaje de la periodista Valeria Velásquez, sobre perjuicios que habría ocasionado una alerta de secuestro en Cusco emitido por la Embajada de los Estados Unidos. La entidad diplomática indicó que había recibido información de que miembros de una organización criminal estarían planeando secuestrar a turistas estadounidenses en Cusco y Machu Picchu”.
En el reportaje se entrevista al periodista y experto en temas de narcoterrorismo, quien refiere que la información contenida en el comunicado coincidiría en parte con interceptaciones telefónicas realizadas por las Fuerzas Armadas a mandos de Sendero Luminoso en el mes de enero, donde los terroristas dialogan sobre masificar sus operaciones hacia la selva del Cusco, que sería el Valle de La Convención y no Cusco ni Machu Picchu y, que el secuestro a ciudadanos o funcionarios estadounidenses no habría sido parte de la conversación de los terroristas.
 
La denuncia contra el periodista ha sido presentada ante la 33° Fiscalía Provincial Penal de Lima.
 

 
Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
Fax (51 1) 4278493 E.mail: anp@amauta.rcp.net.pe; ofip.peru@gmail.com  Web: www.anp.org.pe

20 de marzo de 2013

Alerta Perú (MAYNAS) - FISCALÍA CITA A PERIODISTA Y LE DEMANDA REVELAR SU FUENTE INFORMATIVA


En la provincia de Maynas, departamento de Loreto, la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa, que despacha la fiscal Andrea Alejandra Galarza Rivera, ha citado al reportero del diario La Región, Carlos Ampuero Ferreira, para que identifique la fuente de su última denuncia periodística en la que reveló detalles de la intervención policial a un ciudadano irlandés por presunto delito de peligro común y uso de arma de fuego en estado de ebriedad, violencia y resistencia a la autoridad.

La fiscal, que ha requerido la presencia del comunicador social mediante cédula de notificación 914-2013, intenta obligar al reportero a develar su fuente informativa con el fin de castigar una supuesta infidencia en el proceso que se sigue contra los policías responsables de la investigación acusados de no haber guardado reserva de lo actuado.

La Fiscalía basa su acusación contra los efectivos policiales en los detalles citados en la nota periodística publicada por el reportero, de fecha 13 de febrero de 2013.
El comunicador en la nota periodística da cuenta de la intervención policial, tras los disparos al aire efectuados por el ciudadano irlandés que causaron daño a una vecina del lugar quien se vio impactada por uno de los perdigones de la escopeta. En la nota, ilustrada con una fotografía del momento de la intervención, se cuestiona la actuación del fiscal Carlos Pérez Alvarado, representante de la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, por haber dado inmediata libertad al detenido.

Carlos Ampuero Ferreira, fue citado a declarar el 21 de febrero pero, al estar ausente la fiscal Galarza Rivera, se redactó el acta de concurrencia y se le informó que se le reprogramará nueva fecha que se le comunicará vía cedula de notificación.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, sobre el derecho a la no divulgación de las fuentes informativas, recuerda lo prescrito en el artículo 2, literal 4 de la Constitución Política del Estado, que señala que “toda persona tiene el derecho al libre ejercicio de la libertad de información”.
Asimismo, el artículo 2, literal 18 precisa que “toda persona tiene el derecho a mantener reserva sobres sus convicciones políticas, filosóficas o de cualquier otra índole así como guardar el secreto profesional”. 

El Código Procesal Civil peruano señala en el artículo 220 un principio procesal: “nadie puede ser compelido a declarar sobre hechos que conoció bajo secreto profesional o confesional y cuando por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto”.

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza con alcance universal el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones por cualquier medio de expresión.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre del año 2000, consagra en su principio 8º que: “Todo comunicador social tiene el derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.



Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
Fax (51 1) 4278493 E.mail: anp@amauta.rcp.net.pe; ofip.peru@gmail.com  Web: www.anp.org.pe