El 18 de marzo de 2010, en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, los periodistas Eduardo Simón Cutipa Quispe, director-gerente de Radio Americana; Rafael Pacheco Cerrato, director del periódico El Rotativo; Elard Pereyra Sencia, periodista de Radio Caribeña; Ricardo Mohme Seminario, director del diario La República; Rufino Motta Huayhua, corresponsal del diario La República; Adalberto Ascuña Chavera, editor del diario La Región y, Rogger Baylón Delgado, director del diario La Prensa; mediante notificación del Primer Juzgado Unipersonal, fueron informados del tramite de una querella por difamación y calumnia en sus contra, presentada el 3 de marzo de 2010, al Primer Juzgado Unipersonal de Mariscal Nieto, por un grupo de oficiales y subalternos de la Policía Nacional del Perú.
La querella fue desestimada por la autoridad jurisdiccional, disponiendo su archivo definitivo mediante Resolución Nº 02-2010. Sin embargo, los querellantes, el Coronel PNP Luís Alberto Pinto Cheng, Jefe de la Región Policial Moquegua, el Comandante PNP José Fernando Espinoza Fernández, ex Jefe de la División Nacional de Criminalística y, los suboficiales Edwin Edwar Chara Rodríguez y Lucio Juan Rodríguez Chávez, tras presentar recurso de apelación, fue elevado a la Sala de apelaciones.
La acción jurídica en contra de los periodistas se da a raíz de la difusión de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el ex prefecto de Moquegua y abogado Pedro Guillermo Nuñez en contra de los oficiales y subalternos por el presunto delito de robo agravado y asociación ilícita para delinquir.
Nuñez Ventura, los acusa de estar coludido con criminales y de robo sistemático de combustible. Acredita como medio de prueba un audio con declaraciones de un efectivo que relata las graves acusaciones en contra de los policías. También, un manuscrito firmado por un supuesto grupo de policías, titulado: “Cifras del sistemático robo de combustible de Radio Patrulla”.
Los periodistas manifestaron su confianza en el Poder Judicial, pues consideran que los hechos imputados en sus contra no tiene lógica jurídica y, que más bien es un claro intento de intimidación que pretende silenciar a la prensa para no difundir sobre las graves acusaciones en sus contra que viene investigando la Fiscalía.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe www.ofip.blogspot.com , E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com
La querella fue desestimada por la autoridad jurisdiccional, disponiendo su archivo definitivo mediante Resolución Nº 02-2010. Sin embargo, los querellantes, el Coronel PNP Luís Alberto Pinto Cheng, Jefe de la Región Policial Moquegua, el Comandante PNP José Fernando Espinoza Fernández, ex Jefe de la División Nacional de Criminalística y, los suboficiales Edwin Edwar Chara Rodríguez y Lucio Juan Rodríguez Chávez, tras presentar recurso de apelación, fue elevado a la Sala de apelaciones.
La acción jurídica en contra de los periodistas se da a raíz de la difusión de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el ex prefecto de Moquegua y abogado Pedro Guillermo Nuñez en contra de los oficiales y subalternos por el presunto delito de robo agravado y asociación ilícita para delinquir.
Nuñez Ventura, los acusa de estar coludido con criminales y de robo sistemático de combustible. Acredita como medio de prueba un audio con declaraciones de un efectivo que relata las graves acusaciones en contra de los policías. También, un manuscrito firmado por un supuesto grupo de policías, titulado: “Cifras del sistemático robo de combustible de Radio Patrulla”.
Los periodistas manifestaron su confianza en el Poder Judicial, pues consideran que los hechos imputados en sus contra no tiene lógica jurídica y, que más bien es un claro intento de intimidación que pretende silenciar a la prensa para no difundir sobre las graves acusaciones en sus contra que viene investigando la Fiscalía.
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