La Asociación Nacional de
Periodistas del Perú (ANP) expresa su preocupación por el acoso judicial del
que viene siendo víctima el periodista Eduardo Geovanni Acate Coronel, director
de Radio Oriente, en Alto Amazonas, para quien el Fiscal Superior de San Martín
ha demandado una pena de 10 años de cárcel por informar sobre una protesta
indígena en el año 2009.
La causa judicial que será
resuelta en segundo instancia, por la Sala Penal Liquidadora
de San Martín - Sede Tarapoto, se produce tras la apelación presentada por el
Fiscal Provincial de Alto Amazonas quien mostró su disconformidad con el fallo
dictado por el Juzgado Penal de dicha provincia que absolvió al periodista,
junto a otros acusados de todos los cargos relacionados con la movilización
social de diversos sectores de la población en defensa de los derechos de
los nativos y de la integridad de sus territorios a mediados de mayo y junio de
2009.
La petición del Ministerio
Público, cuyo titular de la fiscalía Superior Penal de San Martín - Tarapoto,
Dr. Leo Mendoza, solicita la revocatoria de la absolución del periodista,
significa una errónea interpretación de los hechos y la función periodística en
situaciones de violencia social.
Para la ANP es erróneo el
criterio del Fiscal que considera que la labor informativa del periodista Acate
Coronel constituye delitos de rebelión, contra la tranquilidad, la paz pública,
y disturbios, cuando en realidad su tarea a cargo del Canal 8 y Radio Oriente
se encuadraba dentro de las labores que corresponden a los profesionales de la
información.
Resulta absurda la pretensión de
considerar que una protesta de las características que ha tenido aquella
movilización social de todo un pueblo a favor de los nativos tenga como
responsables a personas que ejercen funciones profesionales e informativas sin
ningún tipo de vinculación o representatividad con los sectores involucrados.
Para la ANP la petición del
Fiscal aludido de anular la sentencia absolutoria y reiniciar el proceso
revela la intención de buscar responsables de los errores e indiferencia
propios de la administración, que actuaron como detonantes de la protesta
social y de la violencia ocurrida. Lo que genera más preocupación, ahora, es que
se trata de desviar la responsabilidad en personas que no deciden tales
reacciones o medidas de protesta sino que simplemente son testigos de los
hechos.
Frente a la amenaza de revivir
una verdadera persecución contra un periodista en el ejercicio de su profesión, la ANP demanda a las
autoridades del Poder Judicial que se haga justicia y se confirme la sentencia
apelada dando por terminada tan injusta e inquietante situación.
Es fundamental, para el gremio,
que se garantice el libre ejercicio de la libertad de prensa incluso en
situaciones de crisis social, protesta popular o situaciones de violencia
interna, pues el periodista se encuentra en dichos lugares únicamente para
cumplir con su deber de informar rechazando cualquier tipo de amenaza de censura
que se pretenda imponer al respecto.
30 de noviembre del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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