Invoca a Ministerio Público y Defensoría del
Pueblo a cautelar derecho a la información
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú se ve en el
deber gremial de exigir de parte de quienes tienen responsabilidad política en
la administración del Estado, el mejor cumplimiento de los deberes que le atañen
para respetar y hacer respetar el derecho ciudadano a la libertad de prensa, hoy
afectada lamentablemente por hechos cada vez mas violentos en diferentes
regiones del país, particularmente en localidades como Cajamarca y
Espinar.
La ANP observa con preocupación la actuación desatinada e
irresponsable de funcionarios públicos y de civiles e inclusive profesionales de
la comunicación, vinculados al gobierno central, gobierno regional y gobierno
municipal de dichas provincias y en otras cercanas, en las que se agrede
innecesariamente a los periodistas con el propósito de silenciarlos y, de esa
manera, profundizar la repudiable actitud de la cultura del secretismo, hoy en
día arraigada y más visible en nuestro medio. La prepotencia de personal
uniformado, el despojo de material informativo y equipos técnicos, al mismo
tiempo que la utilización de espacios de radio y televisión, así lo
acreditan.
En estas circunstancias la ANP le hace recordar a quienes
están incumpliendo con el deber de cautelar el derecho a la información de
interés público, que todos estos actos están cimentando condiciones inaceptables
para el ejercicio de la profesión periodística, cuya elevada misión no es otra
que la de informar con la verdad, para que la ciudadanía pueda formarse juicios
valederos sobre la realidad nacional. No hay otra manera en la vida social de
las personas y de los pueblos para que la democracia pueda desarrollarse y
fortalecerse.
Lo ocurrido en Espinar con el periodista Victoriano Noa
Inca, secuestrado y golpeado por aproximadamente treinta personas, y en
Cajamarca con los periodistas Karina Aliaga, enviada especial de Andina de
Radiodifusión (ATV), de Lima, Fernando Lino, periodista de Willax TV, Alejandro
Huamán Aguirre, de TV Norte, Edwin Lozano, corresponsal de Frecuencia Latina,
Aleida Dávila Montes, editora general del diario El Cajacho y conductora del
programa Tele Noticias y Oscar Lino Peralta, gerente de radio Onda Popular, en
Hualgayoc, Bambamarca, todos ellos agraviados en su condición de comunicadores
sociales, representa a juicio de la ANP un grave retroceso que hace daño a la
vida cívica del país.
Por tal razón, invocamos también al Ministerio
Público y a la Defensoría del Pueblo, para que salgan de su letargo en este
aspecto y hagan cumplir las normas previstas en el Estado de Derecho. Asimismo,
la ANP hace un llamado a las instituciones que conocen de la vital importancia
que tiene la libertad de prensa en un país como el nuestro, para que participen
activamente en la protección y defensa de la libertad de
prensa.
Lima, 12 de junio de
2012
Roberto Mejía Alarcón
Presidente
Zuliana Lainez Otero
Zuliana Lainez Otero
Secretaria General
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