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23 de mayo de 2012

COMUNICADO: ANP DEMANDA RECTA ACTUACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL EN CASO PERÚ 21

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa su profunda preocupación por la irregular actuación de la Policía Nacional del Perú y la abrupta decisión de la justicia peruana que dictó orden de detención contra la editora de economía del diario Perú 21, Gina Sandoval Cervantes, en un proceso en el que no se ha respetado el derecho a la legítima defensa de la comunicadora social.

La ANP protesta públicamente por la decisión del Poder Judicial peruano que decidió de manera arbitraria la detención de la periodista, sin que esta fuera debidamente notificada para apersonarse a realizar sus descargos. Una investigación del propio diario reveló en los últimos días que la citación policial que exhibió la justicia para decidir apresuradamente dicha medida estaba adulterada, tenía firma falsa, nombre inexistente y un número de Documento Nacional de Identidad dado de baja por fallecimiento. En razón a ello la ANP demanda una investigación independiente que revele quién o quiénes estarían detrás de estas irregularidades que no tienen otro fin que amedrentar a la periodista y a la redacción de un diario crítico a las autoridades de turno.

Para la ANP resulta un exceso el intentar involucrar a la periodista Gina Sandoval, por su condición de editora del diario, como cómplice del delito de violación de las comunicaciones y revelación de secretos de Estado, a consecuencia de las actividades del periodista de dicha sección, Rudy Palma, quien está acusado de ingresar irregularmente a los correos de diferentes ministerios y funcionarios públicos.

Sobre el particular, la ANP no avala una práctica ilegal, la condena y exige a la justicia actuar en los márgenes previstos en el ordenamiento jurídico nacional, sin embargo, en el nombre de esa misma justicia, exige que se actúe con prudencia, ponderación y se garantice un debido proceso. Por ello, expresa también su preocupación por la desproporcionada decisión de trasladar a un penal de máxima seguridad al ciudadano Rudy Palma, quien habría cometido un delito de otra naturaleza, que debe ser juzgado y recluido, de ser el caso, en un penal de reos primarios.

La ANP hace un llamado a las autoridades de justicia en el país para que actúen sin ningún atisbo de sometimiento a presiones del poder político, convertido en una amenaza real para la prensa crítica en capital de la república y el interior del país.

21 de mayo del 2012

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Impunidad en crimen de periodista peruano Alberto Rivera Fernández‏

Lima, 15 de mayo del 2012

Estimados/as compañeros/as:

El fallo de la justicia peruana del último jueves 10 de mayo que absuelve al ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta de la autoría intelectual del crimen del periodista Alberto Rivera Fernández, debe encontrarnos más movilizados que nunca.

A pesar de que el Ministerio Público solicitó una pena de prisión de 20 años para el alcalde y el entonces gerente municipal de dicho municipio, Solio Ramírez Garay, la Tercera Sala Penal para Reos Libres de Lima ha determinado la absolución (Votos en mayoría de dos vocales de la Sala, Jorge Egoávil y Jorge Barreto para quienes no existen indicios suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados).

La única magistrada que votó porque los condenen fue la Dra. Rosario Hernández.

La actuación de las autoridades de justicia en torno al caso del periodista Rivera, ocurriendo el 21 de abril del 2004, evidencia de manera certera el grado de impunidad que ensombrece los crímenes contra los comunicadores sociales en el Perú.

Por ello, la ANP, como lo hizo hace poco más de ocho años cuando expresó su consternación por el asesinato, batallará incansablemente, movilizando a sus 92 asociaciones provinciales y solicitando la solidaridad de los sindicatos y demás organizaciones nacionales e internacionales de periodistas para que demanden del Poder Judicial una correcta valoración de las pruebas que señalan a Luis Valdez Villacorta y Solio Ramírez Garay como autores intelectuales del crimen. Agradeceremos hacer llegar sus comunicaciones dirigidas al Dr. César San Martín Castro, Presidente de la Corte Suprema del Perú, a: anp@amauta.rcp.net.pe con el fin de ingresarlas en conjunto por mesa de partes del Poder Judicial.

Sin otro particular y expresando nuestra solidaridad institucional a la familia, renovamos nuestro compromiso de movilizarnos hasta lograr justicia en este caso. Sólo así nuestro colega descansará en paz y los enemigos de la libertad de prensa sabrán que cuando se asesina a un periodista no se silencia, sino que se moviliza a una sociedad en su conjunto.

Fraternalmente,

 
Zuliana Lainez
Secretaria general ANP

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Mayores datos del caso

El periodista Alberto Rivera Fernández fue asesinado a balazos por dos sicarios el 21 de abril del 2004. El periodista acusó a través de su programa radial al alcalde de Coronel Portillo Luis Valdez Villacorta de ser el cabecilla de una banda de narcotraficantes. A raíz de sus investigaciones y denuncias recibió amenazas por las que, expresamente, responsabilizó al entonces alcalde si algo le ocurría.

Los autores materiales del hecho fueron identificados y sancionados. El año 2006, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Martín Flores Vásquez, Roy Culqui Saurino, Tercero Samuel Gonzáles Pinedo, Edwin Pinedo y Ángel Mendoza Casanova. El año 2008, la misma instancia ratificó la condena contra Lito Fasabi Pizango, autor material del disparo, y Alex Panduro Ventura, guardaespaldas del ex gerente municipal Ramírez Garay.

Durante el proceso, el Ministerio Público y la defensa del periodista demostraron que ninguno de los condenados tenía razones para asesinar al periodista y que la única persona interesada en silenciar sus denuncias era el alcalde Valdez. También lograron vincular a los sicarios Roy Culqui y Martín Flores con Valdez y su ex gerente municipal a través de contratos de trabajo. Otro de los condenados, Panduro Ventura, reconoció como suyas las cartas en las que señala que se desempeñó como seguridad del ex gerente municipal y que fue Valdez quien dio la orden de "tumbar" al periodista.

En enero del 2011, la Sala Suprema Penal Transitoria anuló una segunda sentencia absolutoria de Valdez porque el tribunal que los juzgó incurrió en defectos estructurales insubsanables en relación con no contrastar pruebas, no valorizar entrevistas e informaciones periodísticas, no investigar el cambio de testimonio de testigos, entre otras graves irregularidades. La instancia suprema ordenó nombrar nuevos jueces superiores para un nuevo proceso oral.

La causa se inició en mayo pasado, pero la Tercera Sala volvió a incurrir en los mismos vicios, negándose a calificar como pruebas válidas la relación de Valdez con el narcotráfico. Su principal obligación era valorar esas pruebas, pero los dos magistrados han hecho, precisamente, lo contrario, es decir, descalificarlas, renunciando a su obligación de resolver cuál fue el móvil del crimen. La defensa y la fiscalía apelaron el fallo, y la batalla contra la impunidad continúa. (Fuente: Diario La República).

COMUNICADO: ANP EXPRESA PREOCUPACIÓN POR HOSTIGAMIENTO JURÍDICO CONTRA PERIODISTA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa su preocupación por el hostigamiento jurídico contra el periodista Johnny Eduardo Pezo Tello, director del diario Al Día-Informando a la Amazonía, de circulación en la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas.

El ex fiscal de Yurimaguas, Juan Carlos Evaristo Puño, logró que sentencien al periodista por los delitos de difamación agravada y calumnia a tres años de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de 20 mil nuevos soles.

El periodista, debido a su precaria situación económica ha cumplido parcialmente con el pago de dicha reparación en los términos exigidos por la justicia, sin embargo el fiscal a través de un recurso pretende exigir a la autoridad jurisdiccional el cambio de la condición de libertad condicional por pena de prisión se haga efectiva.

Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú dicha decisión sería extrema e innecesaria. Los magistrados deben considerar que el pago parcial de la reparación civil obedece a los magros ingresos del periodista, único sostén de su núcleo familiar, y no desobediencia o desacato a la justicia.

En razón a ello la ANP hace un llamado público a la ponderación y les recuerda a los encargados de administrar justicia que la prisión efectiva debe ser invocada como causa última en casos de delitos extremos. Además, considera que tener en prisión a un comunicador social a causa de su ejercicio profesional no sólo afecta al individuo como tal, sino que crea una atmósfera de autocensura entre sus demás colegas lo que resulta dañino a la democracia moderna.

Lima, 10 de mayo del 2012

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Agresiones físicas, amenazas y persecución judicial - ANP: 49 AGRESIONES A PERIODISTAS EN PERÚ EN CUATRO PRIMEROS MESES DEL AÑO

Cuarenta y nueve atentados se han cometido contra la prensa peruana en lo que va del 2012, arroja el balance preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Entre los tipos de ataques se reportan 21 amenazas y hostigamientos, 12 agresiones físicas, seis presiones jurídicas, cuatro trabas a la circulación de la información, dos secuestros, e igual número de presiones administrativas, así como de trabas al ejercicio periodístico.

En su mayoría, los atentados los cometieron funcionarios civiles (17); seguido por civiles (16); elementos no identificados (11); propietarios de medio/gerente (4) y policías/militares/serenazgo (1).

Lima, Huancayo y Cajamarca con más agresiones

Lima con 10 ataques a la prensa, Huancayo con nueve y Cajamarca con seis se convierten en este 2012 en las zonas de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el Perú. No menos peligrosas resultan San Martin con cuatro atentados, así como Huamanga, Chepén y Chincha, cada una de ellas con tres agresiones.

Un atentado se reporta en Atalaya, Alto Amazonas, Celendín, Chucuito, Huarmey, Huaraz, Lambayeque, La Convención, Maynas, Padre Abad y Palpa, de acuerdo con la OFIP.

Del total de agresiones, 19 fueron contra periodistas que laboran en prensa televisiva, 18 a comunicadores de radio y 12 a quienes trabajan en medios impresos.

De acuerdo con el balance, fueron blancos de atentados 30 varones; 12 mujeres y siete medios de comunicación.

Agresiones, amenazas y persecución judicial

Entre los periodistas agredidos a consecuencia de su labor despertaron especial preocupación los casos de Bacario Bautista Yucra, director del informativo "El Paladín", de radio Cruz del Sur, de Palpa, quien resultó con grave daño físico tras un brutal ataque en represalia por entrevistar a una joven que denunció por violencia al sujeto agresor del comunicador social.

A ello se suma el caso del periodista Daniel Soria Rivera (Pucallpa), de radio San Alejandro, quien fue secuestrado y torturado por dos presuntos delincuentes quienes intentaron ahorcarlo con un cable de luz; los periodistas de Villa Televisión (Canal 45), de Lima quienes fueron agredidos por un grupo de seguidores del ex alcalde del distrito de Villa El Salvador; el periodista Michel Chumbe Ortiz, conductor del programa La Rotativa Regional de la filial Cajamarca de Radio Programas del Perú y la reportera de Frecuencia Latina, Vanesa Bedoya, quienes fueron agredidos por opositores al proyecto minero Conga y el caso del periodista Éler Alcántara Rojas, de radio El Edén de Celendín, Cajamarca, quien fue secuestrado durante dos horas y media por un grupo de ronderos quienes lo humillaron y amenazaron con hacerle daño físico si no alineaba sus informaciones a favor de su lucha contra el proyecto minero en referencia.

En este periodo, además, han denunciado recibir amenazas y ser víctimas de seguimiento el periodista Eduardo García, jefe de la Unidad de Investigación del canal de televisión ATV+ (Lima) y otros miembros de su equipo de trabajo.

Entre los periodistas a quienes se les ha querido silenciar mediante la amenaza judicial por desarrollar una labor periodística crítica están, en Maynas, Iquitos, Mary Pérez Cora, directora del programa Arpegio Noticias, que transmite radio Arpegio.

Los medios de comunicación atacados en este periodo han sido radio Satélite, de Chincha, cuyo frontis recibió el impacto de varios disparos de bala y las instalaciones de Radio Tropical, Canal 7 Televisión Tarapoto y Radio Láser 100, cuyas paredes y puertas fueron objeto de pintas.

Mención aparte merece el bloqueo de la web del diario Perú 21, en todas las computadoras de la sala del Círculo de Cronistas Parlamentarios del Congreso de la República.

Entre los temas positivos del 2012 está la resolución de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de San Martín que declaró nula la sentencia que condenaba a tres años de cárcel al periodista Teobaldo Meléndez Fachín, como autor del delito contra el honor en agravio del alcalde de la provincia de Alto Amazonas, Juan Daniel Mesía Camus.

Especial mención merece, además, la amenaza de aprobación de la denominada "Ley Mordaza" -modificación del artículo 162 del Código Penal peruano- que vulneraría la libertad de informar castigando la difusión de información y estableciendo una censura previa al ejercicio periodístico inaceptable en un régimen democrático.

Lima, 3 de mayo 2012

Zuliana Lainez
Secretaria general ANP

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Para mayor información sobre alguno de los casos en particular sírvase entrar en contacto con la Secretaría General de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú a los teléfonos: 4270687, 4278493; celular 997291898; e.mail: anp@amauta.rcp.net.pe y/o RPM #619979.

30 de diciembre de 2011

ANP: 189 AGRESIONES A PERIODISTAS EN PERÚ EN EL 2011


Un total de 189 atentados, entre ellos tres crímenes, se cometieron contra los periodistas peruanos en el 2011 (casi uno cada dos días), de acuerdo con el balance  preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

Se reportan 93 casos de agresiones físicas y verbales. Le siguen la amenazas y hostigamiento (49), presiones administrativas (21), presiones jurídicas (13) y las trabas al ejercicio de la profesión periodística (5). 

Asimismo, la OFIP registra tres violaciones al secreto de las comunicaciones, dos daños a la propiedad o sustracción de equipos.

En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (76), seguido por funcionarios civiles (50); elementos desconocidos (33); policías/militares/ seguridad/serenazgo (23), y propietarios/empresarios o directivos de medio (7).

Cajamarca, Lima y Arequipa, con más agresiones a periodistas

La región Cajamarca con 45 ataques a la prensa, Arequipa con 23  y Lima con 21, resultaron en el 2011 las zonas de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el Perú. No menos peligrosas fueron Ancash con 19 atentados, la región Loreto con 14 y Lambayeque con diez.

Entre las provincias más peligrosas Coronel Portillo registra siete atentados, mientras en Huamanga y Jaén se produjeron seis atentados respectivamente.

Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Utcumbamba, donde se cometieron cinco atentados, cuatro en Huancayo, Huaraz y San Martín,y tres en Cusco, Celendín, y Maynas.

Dos atentados ocurrieron en Ascope, Bagua, Cañete, Camaná, Chincha, Chepén, Espinar, Islay, Piura, Puno, San Román, y uno en Cajabamba, Casma, Caravelí,  Espinar, Huánuco, Huara, Lambayeque, Loreto-Nauta, Morropón, Pisco, Satipo, San Ignacio, Tocache, Tumbes, Trujillo, y Virú, de acuerdo con la OFIP.

Un total de 89 periodistas de televisión resultaron agredidos este 2011, 49 que laboran en la prensa escrita, 48 en la radial, y tres de la prensa digital.

De ese total, según el balance fueron blancos de atentados  139  varones; 30 mujeres y 20 medios de comunicación.

De manera particular la ANP denunció el asesinato de los periodistas Julio César Castillo Narváez, conductor del programa "Noticiero Ollantay", de radio Ollantay, en La Libertad (3 de mayo); Pedro Alonso Flores Silva, director del programa informativo "Visión Agraria" de canal 6, en Ancash (8 de setiembre) y José Oquendo Reyes, director y conductor del programa "Sin Fronteras" de BTV Canal 45, en Ica (14 de setiembre).

Entre las tentativas de homicidio, la de mayor riesgo se registró en noviembre, en Puno. El periodista Feliciano Gutiérrez Suca, corresponsal en Juliaca del diario La República, fue baleado por cuatro encapuchados. Los delincuentes le dispararon en la pierna dos veces.  

Especial preocupación y rechazo del gremio causó el encarcelamiento del periodista Paul Garay Ramírez, querellado por difamación por el fiscal provincial de Coronel Portillo. Tras permanecer más de 6 meses en prisión recuperó su libertad en octubre de este año.
Entre las querellas por difamación emprendidas contra periodistas que han denunciado actos de corrupción han merecido especial atención y seguimiento los casos de Teobaldo Meléndez Fachín (Alto Amazonas) y Hans Andrade Chávez (Chepén).

A consecuencia de ello, y continuando con una tarea emprendida hace casi una década, la ANP lanzó una campaña nacional por la despenalización de los delitos de prensa. Esto porque las querellas sólo buscan amedrentar a quienes revelan hechos de corrupción y otros delitos en la administración pública.
 
Cerrando el año, en el mes de diciembre, la ANP hizo un abierto llamado al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, para observar la ley que penaliza la difusión de audios producto de las interceptaciones telefónicas, ya que la misma impone la censura previa y otorga poderes omnímodos a los jueces, tal como se acostumbra en regímenes que desconocen los derechos fundamentales de la persona humana.

Lima, 29 de diciembre del 2011
Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP
 


Para recibir el informe completo, caso por caso, o detalle de alguna información en particular sírvase entrar en contacto con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú a los teléfonos 4270687 - 4278493; RPM # 619979; móvil 997291898 o e.mail: anp@amauta.rcp.net.pe

1 de agosto de 2011

ANP: DICTAMEN QUE DESPENALIZA PARCIALMENTEDELITO DE DIFAMACIÓN ES POSITIVO, PERO INSUFICIENTE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) saluda la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la República del dictamen que modifica las penas aplicadas al delito de difamación y establece que esos casos serán sancionados con penas de multa y prestación de servicios a la comunidad y ya no con pena privativa de la libertad conforme rige en el actual artículo 132 del Código Penal.

Sin embargo, para la ANP dicha reforma aún es insuficiente pues debe ser establecida la plena despenalización del citado delito agravado, así como el delito de injuria y calumnia de los artículos 130 y 131 del Código Penal, conforme al estándar internacional establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las reiteradas recomendaciones efectuadas por la CIDH en tal sentido.

En el texto del dictamen aprobado se mantienen penas propias de los delitos como es la prestación de servicios a la comunidad entre 80 a 156 jornadas, que pueden convertirse en pena efectiva en caso de incumplimiento; y además se establecen sanciones desproporcionadas de 200 a 365 días multa.

La ANP reitera, una vez más, su antigua demanda de la despenalización total y definitiva de tales delitos y que estos pasen a ser competencia de los juzgados civiles, en caso de que efectivamente se hubiera causado daño al honor o intimidad de las personas.

Como organización gremial representativa de los periodistas peruanos, en cumplimiento de nuestros acuerdos congresales, en reiteradas oportunidades nos hemos dirigido a las autoridades competentes y a la ciudadanía denunciando el uso malicioso y abusivo de las querellas judiciales para amedrentar a los periodistas, ocultar las denuncias e investigaciones sobre casos de corrupción y de actuaciones poco transparentes de la Administración.

En razón a ello, hacemos un abierto llamado a los congresistas de la República, recientemente juramentados, para que el Poder Legislativo, en uso de sus funciones, proceda de una vez por todas a la despenalización plena de dichas conductas, que pasa por modificar lo establecido en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Estado que prescribe que "(.) Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común".

Para la ANP la permanencia de las figuras delictivas de la injuria, calumnia y difamación en el Código Penal, considerados como típicos delitos de prensa, sigue constituyendo una grave amenaza a la prensa fiscalizadora, víctima frecuente de la prepotencia de quienes mal ejercen el poder político, quienes buscan silenciar la crítica mediante el abuso de recursos jurídicos incompatibles con una sociedad moderna, democrática y constitucional.


27 de julio del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP RECHAZA PROYECTO DE LEY QUE CRIMINALIZA LABOR DE PERIODISTAS

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su público rechazo al proyecto de ley presentado por la Corte Suprema de Justicia, que penaliza la difusión de comunicaciones obtenidas a través de la interceptación telefónica ilegal, por considerar que dicha iniciativa establece una forma de censura previa que atenta contra el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión personal como colectiva.

Esta iniciativa, propia de regímenes autoritarios que coartan la libertad de prensa mediante acciones de fuerza o normas legales, maniata y criminaliza la labor de los periodistas convirtiendo la tarea de informar en una de las conductas más peligrosas de la sociedad, de una gravedad similar a la de los crímenes atroces, pues se sanciona con penas desproporcionadas y absurdas, que van de seis a diez años, a quienes difundan a través de la prensa audios procedentes de la interceptación telefónica. Esto es que se orienta a sancionar y atemorizar drásticamente a los periodistas, promoviendo una cultura del silencio y el secretismo.
Para la ANP pretender que la actividad informativa y el derecho de expresión puedan depender de la aprobación, decisión o arbitrio de los jueces es concederle al Poder Judicial facultades que son contrarias a la Constitución y a las disposiciones sobre libertad de expresión que garantizan las normas internacionales y regionales sobre derechos humanos, cuya doctrina y jurisprudencia rechazan todo tipo de censura y control previo.

La ANP mantiene su negativa y rechazo a la aprobación de dicho proyecto que plantea modificar el artículo 162 del Código Penal, por considerarlo no sólo atentatorio a los derechos que tienen todas las personas a la libertad de expresión sino, además, porque no se ha ponderado la naturaleza de la labor informativa que cotidianamente devela actos de inconducta pública, la actuación impune de las mafias de la corrupción, el narcotráfico y demás formas delictivas de carácter mafioso organizado, que precisamente descargan su odio y violencia contra los periodistas que descubren y denuncian sus crímenes. En razón a ello la modificación planteada constituye en el fondo una grave limitante para el libre ejercicio de la profesión periodística, más aún en un país como el nuestro que requiere de una prensa que no se encuentre amordazada.

Para la ANP es el periodista, guiado por los principios de la ética profesional, quien debe evaluar la trascendencia de la información de interés público, en tanto corresponde al juez administrar justicia contra aquellos que actúan al margen de la ley interceptando ilícitamente la privacidad de las comunicaciones.

14 de julio del 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Carta de la ANP enviada al Presidente de la República

Lima, 05 de julio del 2011

Señor
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional Electo de la República
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted, en representación de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), con el objeto de expresar nuestro respetuoso saludo, en vísperas de la asunción del mandato presidencial que le ha encomendado el pueblo soberano y, al mismo tiempo, para hacer de su conocimiento la posición gremial que tenemos como comunicadores en medios de prensa, respecto a los derechos sociales y económicos regulados por ley, actualmente irrespetados en el sector público y en el sector privado, así como en lo pertinente al uso que debe hacerse del espectro electromagnético, importante patrimonio de la Nación que administra por ley el Estado, pero que presenta vacíos y muestra una estructura jurídica discriminadora.

Lo anterior, de otro lado, se articula con una firme conducta de carácter institucional, que nos obliga a respetar y hacer respetar los estatutos y los acuerdos congresales de esta organización, cuya trayectoria acrisolada a lo largo de ininterrumpidos 83 años, tiene el soporte de 89 asociaciones provinciales y 9 mil afiliados en todo el territorio nacional y cuyas luchas gremiales por hacer de la información un derecho del pueblo, tal como hicieron ayer sus fundadores, entre ellos Germán Lazarte, Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui, no tienen punto final, en tanto la sociedad misma evoluciona y se retroalimenta cívicamente afrontando la multiplicidad de los cambios sociales, propios de la existencia humana.

Antes de presentar una relación sucinta de nuestra posición en asuntos gravitantes para el país, debemos recalcar que la presente no es una comunicación ceñida por adhesiones u oposiciones. Va más allá de ese candor circunstancial que se da con frecuencia en la realidad política y tiene, más bien, un propósito informador a fin de que forme parte de la agenda del gobierno a instalarse constitucionalmente el 28 de julio del año en curso:

I. Derechos sociales y económicos de los periodistas:

A partir de 1990, los trabajadores periodistas y en general los trabajadores, sufren las consecuencias de una severa política de ajuste estructural, promovida políticamente para afirmar las bases de un modelo económico sustentado en la primacía del mercado. Los trabajadores han sido los más afectados por la perversidad del proceso, con la consiguiente descalificación de la fuerza de trabajo. Las modificaciones regulatorias han facilitado el incumplimientos de las normas de carácter laboral y el continuo descenso del valor de las remuneraciones, condiciones sociales y niveles de empleo.

II. La información de interés público y el uso del espectro radioeléctrico:

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación -TIC- permiten integrar al ser humano, cualquiera sea el tiempo o distancia que le separen. También hay avances considerables, en materia de tratados internacionales y legislaciones de diversos rangos normativos en otras latitudes ajenas a la nuestra, que fortalecen los derechos humanos de la información y de la comunicación. Esto no sucede en nuestro país. Al contrario se niega la posibilidad de superar criterios autoritarios o monopólicos. Esto ocurre con la actual ley de radio y televisión y su aplicación en el uso del espectro radioeléctrico. La marginación de sectores trascendentes de la sociedad que deberían de participar con voz propia en el debate y en el desarrollo de una convivencia democrática, es antidemocrático. El poder político vigente cuida las espaldas de un poder económico que concentra en forma unipolar el derecho ciudadano a informar y ser informado, con frecuencia desvirtuando la verdad.

III. La despenalización de los delitos de prensa:

Las estadísticas, sobre todo a partir de 1990, señalan con frialdad una constante persecución contra periodistas que investigan y revelan actos de corrupción en la administración pública, criminalidad organizada y tráfico ilícito de drogas, querellándoles por supuestos delitos contra el honor. El objetivo es acallarlos, haciendo uso de normas hoy obsoletas, conforme lo expresan los informes de la Comisión para la Libertad de Prensa y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú discrepa con el silencio del Estado al respecto, más aún cuando existen mecanismos menos gravosos que, con igual eficacia, conllevarían a resarcir el derecho al honor vulnerado y en tanto, también, se concibe en estos tiempos el derecho penal como instrumento de control social que debe estar reservado a actos ilícitos que atentan contra la integridad física y la vida principalmente, así como contra los delitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio del Estado o lo que atentan contra la salud pública y los denominados de lesa humanidad, como las ejecuciones forzadas entre otros similares. La despenalización de los delitos de prensa significaría el reconocimiento ciudadano al trabajo periodístico que no se limita a informar, toda vez que ahora opina, analiza y critica en todo cuanto es de interés público.

IV. El diálogo social, clave del desarrollo humano:

Lo social es lo humano. Es la clave central en la agenda de toda la problemática política, económica, ética y cultural del nuevo desarrollo. Para ese logro es importante el diálogo y la concertación. No existe otro camino. Lo distinto sería la represión que solo engendra más violencia y la discriminación que descalifica a los ciudadanos porque carecen de poder económico o poder político. La ANP considera que la ausencia de diálogo y de concertación es la causa de la subsistencia de una mayoría de gente condenada a la pobreza crítica, a la miseria, a la exclusión social, a la degradación más radical de su dignidad. Por eso demanda del nuevo administrador del Estado el diálogo horizontal con todos los sectores de la población, sin marginaciones. Que no se repita lo que ya se ha hecho repudiable costumbre en el sector de la prensa, donde el gobierno cree que su único interlocutor válido es el empresariado adinerado de los medios de comunicación masiva.


Señor Presidente Electo, es cuanto podemos decir en esta misiva, haciéndole recordar que así como es peligroso dejar la guerra sólo en manos de quienes disparan los cañones, también es peligroso que el futuro social y económico del país quede sólo en manos de quienes no tienen otro Dios que el dinero.


Atentamente,


Roberto Mejía Alarcón
Presidente


Zuliana Lainez Otero
Secretaria General

17 de mayo de 2011

COMUNICADO

ANP DEMANDA DECIDIDA ACTUACIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO ANTE AGRESIÓN DE REPORTERO EN SATIPO
La Asociación Nacional de Periodista del Perú demanda una inmediata investigación de la agresión de la que fue víctima el reportero José Luis Lizárraga Torres, el último 10 de mayo, en Satipo, en circunstancias en que cumplía labores profesionales dando cobertura al mitin programado en esa ciudad por la candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori. Lizárraga Torres fue insultado y agredido físicamente por personas identificadas con símbolos y vestimenta del Partido Fuerza 2011.

La ANP formula pública denuncia de este tipo de agresiones y amenazas por considerar que tales actos de violencia constituyen un grave atentado contra la libertad de expresión, razón por la cual condenamos y rechazamos enérgicamente la peligrosa actitud de agredir a los hombres de prensa que ostensiblemente se encuentran cumpliendo sus labores y se les ataca con el objeto de atemorizarlos y acallarlos.

En razón de los graves hechos denunciados nuestra Institución demanda al Ministerio Público y a las autoridades policiales una decidida actuación que conduzca a la investigación y la oportuna sanción a los autores de los delitos cometidos.

La ANP ve con profunda preocupación que en las últimas semanas las y los periodistas se hayan convertido en objetivo de agresiones, exclusivamente en razón de la búsqueda de la información, esto es ejercitando un derecho que garantiza la Constitución y las leyes vigentes, por lo que demanda de todas las instancias nacionales, y en particular de los actores políticos en campaña, tolerancia y respeto a la mutua convivencia, condición natural de toda democracia.

Lima, 17 de mayo del 2011




COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

13 de mayo de 2011

PRONUNCIAMIENTO

ANP EXPRESA PREOCUPACIÓN POR USO Y ABUSO EXTREMO
DE QUERELLAS POR PRESUNTOS DELITOS DE PRENSA
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa ante la opinión pública y organizaciones involucradas en la defensa y protección del derecho a la libertad de información su preocupación por la actitud intolerante de las autoridades estatales y funcionarios que en los últimos tiempos vienen haciendo uso y abuso extremo de querellas por presuntos delitos de prensa, con el objeto de amedrentar a los periodistas que denuncian hechos irregulares y falta de transparencia en la gestión de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Estas querellas se suman a otros actos de amenaza, violencia directa e inclusive atentados contra la vida de los comunicadores efectuados a fin de silenciarlos.

Los casos más recientes son los siguientes:

- El 18 de marzo de 2011, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, el Juez provisional Asunción Canchari Quispe, del Primer Juzgado Especializado en lo Penal, admitió a trámite una querella criminal por el delito de difamación promovida por el ex presidente de la Región Ayacucho, Isaac Ernesto Molina Chávez contra la periodista Esther Valenzuela Zorrilla, propietaria y directora del diario La Calle, quien cuestionó las actividades de las autoridades de la citada Región.

- El 31 de marzo de 2011 el Juzgado Unipersonal de Chepén - Pacasmayo, en el proceso por difamación iniciado contra el periodista Hans Francisco Andrade Chávez, conductor del noticiero América Noticias, abrió instrucción a instancias del querellante Juan José Vásquez Romero, Subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén, por las emisiones periodísticas en las que se cuestionan las actividades de Vásquez Romero como funcionario de dicha comuna, las que se presentan en la querella como agravio a su honorabilidad y buen nombre.

- El 19 de abril de 2011 en la Provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, el Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo, ha dictado sentencia condenatoria contra el periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa radial La Voz del Pueblo, que se transmite en la emisora radial La Exitosa, ante la querella planteada por Agustín López Cruz, quien ocupa el cargo de Fiscal Provincial y quien inicia el proceso en razón de diversos comentarios periodísticos referidos a su actividad profesional. En la sentencia se ha dictado un fallo que causa verdadera sorpresa; se ha condenado a la pena efectiva de prisión al periodista querellado y a pagar, la suma de 20 mil nuevos soles por concepto de reparación civil. La ejecución ha sido inmediata encontrándose el periodista Paul Segundo Garay Ramírez recluido en la cárcel pública, en mérito del mandato del referido Juzgado.

La situación del periodista Garay Ramírez es única en los anales de la justicia peruana, pues ha sido sentenciado injustamente aplicándosele una pena drástica, desproporcionada e inusual, sin considerar que no existe un agravio que justifique tal medida de gravedad. Durante la tramitación del proceso éste adujo vulneración del principio del debido proceso e indefensión al no admitirse la impugnación de la validez de las pruebas que supuestamente lo implicaban en el delito materia de querella.

Por los casos reseñados, a los que se podrían agregar otros más de similar naturaleza, nos vemos en el deber de denunciar el desproporcionado uso y abuso de querellas por delitos contra el honor con el único fin de evitar la critica periodística a la función pública e impedir que la colectividad tenga conocimiento de los cuestionamientos que se formulan. Por estas razones invocamos, tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, a desarrollar una actitud vigilante respecto del abuso de las referidas acciones judiciales que amenazan con convertirse en el futuro en verdaderos instrumentos de censura.



Lima, 13 de mayo de 2011



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

COMUNICADO ANP ANTE HECHOS DE VIOLENCIA QUE PONEN EN PELIGRO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN QUE TIENE LA CIUDADANÍA‏


Ante hechos de violencia que ponen en peligro el derecho a la información que tiene la ciudadanía, en vísperas del acto electoral para la elección del nuevo Presidente Constitucional de la República, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en su condición de organización decana del gremio de la prensa, formula una invocación a todos los operadores de los medios de comunicación social, para que cumplan con el deber ético y profesional de informar con el mayor grado de neutralidad y objetividad.

De la misma manera, la ANP considera que todo acto de violencia, cualquiera sea su origen, resulta lesivo para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, cuya fragilidad es consecuencia, precisamente, de la falta de madurez cívica, tanto en la llamada clase política como en otros estamentos de la sociedad civil.

En tal sentido, nuestro gremio hace recordar los ingratos y funestos episodios registrados en décadas recientes al año 2010, que se caracterizaron por una violencia sin paralelo en la historia republicana, en perjuicio sobre todo del derecho a la libertad de información, con el agregado de asesinatos, encarcelamientos, amenazas, persecuciones, secuestros y querellas contra cientos de periodistas y comunicadores sociales en general.

La ANP considera que la violencia se ha instalado en el actual proceso y hay necesidad urgente de ponerle atajo mediante los argumentos de la razón y de la justicia. Por eso considera inaceptable que se haya lesionado el derecho al trabajo de periodistas en diferentes medios de comunicación social tanto en Lima con el interior del país, y de la misma manera que bajo el pretexto de protestar por determinada línea editorial se incurra en el error de amenazar a los reporteros que, por lo demás, tienen la obligación profesional de realizar su trabajo.



Lima, 11 de mayo de 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

PRONUNCIAMIENTO ANP : PRESIDENTE REGIONAL DE AYACUCHO CENSURA A PRENSA INDEPENDIENTE


La Asociación Nacional de Periodistas del Perú denuncia una política de intimidación y represión puesta en práctica por el Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Nuñez, quien sin más argumentos que su supuesto poder económico, ha iniciado una repudiable campaña para silenciar a los periodistas que divulgan críticas a su gestión gubernamental.

El ciudadano en referencia, quien no acepta los comentarios periodísticos que no son de su agrado o satisfacción, ha llegado al extremo de calificar de "prensa mezquina, ignorante y mal hablada" a los medios que vienen dando a conocer los aspectos negativos de los primeros cien días de su gestión, olvidando que tales agravios lo califican como un funcionario intolerante y desconocedor de la función del periodismo independiente en un Estado de Derecho.

La campaña amenazadora de Oscorima Nuñez, que hace temer el retorno de los años de violencia contra el periodismo en Ayacucho, se traduce en hechos que es necesario denunciar. Recientemente se permitió llamar por teléfono a Radio Estación Wari con la intención de prohibir a la periodísta Esther Valenzuela, cualquier alusión a su persona "sin su presencia" y, de la misma manera, en forma cobarde hizo lo propio con la periodísta Gudelia Machaca Calle, a quien le expresó que no estaba autorizada para que se ocupara de su labor como funcionario político.

A lo ocurrido debe agregarse la separación del comentarista Manuel Ventura Mariluz, quien conducía el programa "Primer Plano" del Canal 21 por el hecho de haber criticado la gestión del Presidente del Gobierno Regional, pese a la advertencia del administrador de dicho medio quien había dado órdenes terminantes que "no se tocara para nada al señor Presidente" .

Ante estos nuevos episodios, que también se están produciendo en otros puntos del país, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú hace recordar a las autoridades elegidas por mandato ciudadano, que están en el deber de respetar el derecho a la libertad de información, que es un sustento vital de una verdadera democracia.


Lima, 11 de mayo 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ANP

2 de mayo de 2011

Informe ANP en Día Mundial de la Libertad de Prensa


82 ATENTADOS CONTRA PERIODISTAS PERUANOS

Un total de 82 atentados se cometieron contra los periodistas peruanos en los primeros cuatro meses del 2011 (casi uno cada 36 horas) de acuerdo con el balance preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La agresión física y verbal encabezan los atentados con 37 casos. Le siguen la amenaza y hostigamiento (17), así como la presión administrativa -despidos- (15). También han ocurrido 8 trabas al ejercicio de la profesión periodística, tres presiones jurídicas y dos daños a la propiedad o sustracción de equipos.

En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (34), seguido por funcionarios civiles (23); policías/militares y/o serenos (15), además de 10 agresiones perpetradas por elementos no identificados.

El Santa y Chiclayo con más agresiones a periodistas

La provincia del Santa con 14 atentados, Chiclayo con 8, Arequipa y Utcubamba con 7 se convirtieron estos primeros cuatro meses del año en las áreas de mayor peligro para ejercer el periodismo en el Perú. Le siguen Coronel Portillo, Lima y Puno con cinco; Jaén y Tumbes, con cuatro respectivamente.

Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Alto Amazonas, Cajamarca y San Martín donde se cometieron en cada ciudad tres atentados contra la prensa nacional, de acuerdo con el informe de la OFIP.

Un total de 30 periodistas de televisión resultaron agredidos este 2011, 29 de la prensa escrita y 23 de la prensa radial.

De ese total, fueron blancos de atentados 56 varones; 18 mujeres y 8 medios de comunicación.

Los principales ataques

En los primeros meses del 2011, se han dado querellas por difamación contra los periodistas . En la víspera de Semana Santa, Paul Segundo Garay, quien conduce el informativo "La Voz del Pueblo", en radio La Exitosa, fue condenado a tres años de prisión efectiva y al pago de veinte mil nuevos soles por concepto de reparación civil en favor del querellante, tras denuncia presentada por el fiscal Agustín López Cruz, de Coronel Portillo. El periodista asegura que su único "delito" ha sido criticar la labor de la autoridad.

En Perú no tenemos las cifras de asesinatos que se registran en México (el año pasado se denunciaron 10 casos) ni en Honduras (9 casos), sin embargo, es señalado como el lugar donde se practica más violencia física contra los periodistas. El nivel de intolerancia a la labor periodística, fundamentalmente de autoridades locales, regionales y del propio gobierno central, mantiene a nuestro país entre los que presentan mayores dificultades para el ejercicio de la profesión.

Para la ANP con los despidos de los periodistas de Canal N (Patricia Montero y José Jarano no sólo se ha atropellado el derecho al trabajo de los colegas, sino que se está imponiendo una regimentación que poco tiene que ver con el derecho a la información de la colectividad.

Lo que viene sucediendo en el Grupo El Comercio se está replicando, además, y por lo que denuncian los periodistas por similares móviles políticos, en el diario Correo (que ha despedido a sus corresponsales en Puno, Arequipa, Ica y Cusco). Fuentes cercanas a la ANP en los últimos días han dado cuenta del malestar que existe, debido a que se están dando instrucciones verticales para que se publiquen informaciones en favor de determinada tendencia política, restringiendo de manera grosera informaciones en sentido contrario, bajo amenaza de despido inmediato.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa la ANP sólo puede garantizar, sea cual sea el gobierno elegido, que seguirá erigiéndose como un gremio que cautele la defensa a la libertad de expresión, el libre ejercicio profesional y el respeto a los derechos humanos de los trabajadores de los medios.
La ANP considera su deber cautelar el derecho a la información de los ciudadanos y exigir al gobierno central, regional y local respeto absoluto a la prensa libre, discrecionalidad en el manejo de la publicidad oficial -y que no siga siendo esta un instrumento para castigar o premiar medios- y garantías absolutas que promuevan la pluralidad informativa.



Lima, 3 de mayo del 2011


Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP

COMUNICADO ANP


ANP CONDENA CANCELACIÓN DE
PERIODISTAS POR FINES POLÍTICOS

Ante los recientes acontecimientos que dan cuenta de la cancelación laboral de periodistas en Canal “N” televisión y la amenaza cierta de la despedida de otros profesionales de la prensa en otros medios de comunicación masiva en Perú, con la censurable pretensión de hacer de ellos meros alquilones al servicio de la candidatura de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, denuncia la existencia de un contubernio entre quienes han iniciado una intensa campaña atentatoria contra el derecho ciudadano a la información veraz y objetiva.

Al mismo tiempo que deplora tan descarada manipulación, la ANP expresa su solidaridad con los periodistas profesionales peruanos, que saben bien de la responsabilidad social que les corresponde y que con frecuencia les hace afrontar situaciones propias de los poderosos, que creen que la información es una mercadería que rinde beneficios económicos y políticos y no un derecho fundamental de la persona humana.

La ANP hace recordar a quienes piensan que la democracia en un mito, que la libertad de prensa no puede servir jamás para la perversión de una auténtica democracia, de transparente participación ciudadana, sino más bien la condición de su funcionamiento. Por eso mismo, le hace recordar a la sociedad civil y la clase política, cualquiera sea su pensamiento ideológico, que no hay democracia verdadera sin libertad de prensa, y que por ésta debe entenderse no solamente los medios de comunicación y las encuestas, sino también el fortalecimiento de la cultura política entre las élites, los dirigentes y los ciudadanos.

Al mismo tiempo advierte que cuando sólo se escucha la voz de los poderosos, peligra la democracia, razón por la cual llama la atención de quienes se prestan a esta modalidad de engaño ciudadano, para que reflexione y entiendan, de una vez por todas, que los medios y las encuestas son instrumentos de servicio público que requieren los ciudadanos para conocer, opinar e interpretar los problemas sociales, económicos y políticos y, en consecuencia, instrumentos para la concretización de los valores de la libertad de prensa que son indisociables en una democracia genuina.

En estas circunstancias, la ANP espera que esta reflexión de carácter ético, conlleve a quienes han incursionado en la empresa de los medios de comunicación, la decisión de autorregular su labor informativa, toda vez que la libertad de prensa, con sus ventajas e inconvenientes constituye derecho fundamental de la persona humana, y es requisito indispensable para que los ciudadanos emitan su voto con toda libertad en junio próximo, luego de contar con todos los elementos de juicio necesarios para comprender la realidad social, cultural, económica y política del Perú, problemas que son de su incumbencia y responsabilidad.


Lima, 23 de abril de 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

COMUNICADO ANP


ANP EXPRESA PREOCUPACIÓN POR IRREGULAR
INICIO DE JUICIO ORAL EN CASO ALBERTO RIVERA FERNÁNDEZ

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ante el anunciado inicio del juicio oral en el caso seguido ante la Tercera Sala Penal de Reos Libres de Lima contra Luis Valdez Villacorta, ex alcalde de la provincia de Coronel Portillo y acusado de participar en el homicidio del periodista Alberto Rivera Fernández, considera su deber expresar lo siguiente:

1.- Expresar su profunda preocupación por la decisión de los magistrados de la indicada Sala de reiniciar el proceso a pesar de que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la sentencia dictada por éstos y dispuso se inicie un nuevo juicio oral, disponiendo que dicho caso sea asumido por la Sala Penal Nacional.

2.- Resulta más inquietante aún que los magistrados incumplan con el contenido de una resolución judicial del máximo nivel de la Justicia peruana y que, además, se vulneren acuerdos anteriores de las propios magistrados supremos como lo es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) que dictó la Resolución Administrativa Nº 187 - 2010 disponiendo que se ampliara la competencia de la Sala Penal Nacional para llevar a cabo el juzgamiento por graves delitos cometidos contra los periodistas en el ejercicio de sus funciones, entre los cuales se encuentra el delito de homicidio que se pretende reiniciar.

3.- Los hechos expuestos nos obligan a denunciar este tipo de actitudes contrarias al Derecho y a la recta administración de justicia que amenazan trasgredir el ordenamiento legal y democrático nada menos que por los propios magistrados. En razón a ello la ANP solicita la inmediata intervención de los entes de fiscalización para que dicho proceso retome los cauces que establece la Ley y que los magistrados de la Tercera Sala Penal de Reos Libres de Lima se inhiban de conocer y juzgar el referido caso y remitan lo actuado a la Sala Penal Nacional.

Lima, 7 de abril del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ANP

PRONUNCIAMIENTO ANP


ANP EXPRESA PROFUNDA PREOCUPACIÓN ANTE REAPERTURA
DE PROCESO PENAL CONTRA PERIODISTAS DE RADIO LA VOZ DE BAGUA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación ante la amenaza a la libertad de expresión que representa la reapertura de proceso penal contra tres periodistas de Radio La Voz de Bagua por el Segundo Juzgado Penal de la Provincia de Utcubamba.

La ANP manifiesta públicamente su solidaridad y apoyo a los periodistas Luz Noemí Jiménez Salazar, Aurora Doraliza Burgos de Flores y Carlos Enrique Piscoya Leng, de Radio La Voz de Bagua, por la denuncia penal formulada en su contra por la Fiscal Provincial Penal de Utcubamba en la que se ampara la reapertura del proceso penal que fuera archivado con anterioridad al considerarse que no se había producido conducta penal de hurto agravado que se pudiera considerar como delito de transmisión de señales de comunicaciones ilegales, conforme lo establece el inciso 6 del articulo 188 del Código Penal (Reformado por Ley 28848).

Pese a no existir infracción o anomalía administrativa alguna que justifique la consiguiente medida de sanción penal, el Procurador del Ministerio de Transportes insiste en la reapertura del proceso penal, contando con la anuencia de la citada Fiscalía Provincial, con el agregado de que en la Acusación fiscal se piden severísimas sanciones de cuatros años de pena privativa de la libertad para cada uno de ellos y el pago de tres mil soles que correspondería pagar a cada uno de los acusados como reparación civil a favor del supuesto agraviado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Como se recordará en el mes de junio el caso penal contra los citados periodistas fue archivado y Radio La Voz continuó operando con la respectiva autorización oficial, mediando la intervención de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, comprometiéndose las autoridades a devolver la señal, conforme efectivamente se produjo.

Lo contradictorio e inexplicable de presentes actuaciones, así como la probable decisión de enjuiciar y condenar a los periodistas mencionados, conducen a considerar que estas no pasan de ser consideradas como una medida de represalia, que contradice el espíritu de reconciliación que busque superar las dolorosas consecuencias de los sucesos ocurridos en Bagua el 5 de julio de 2009, y además contradice con el espíritu democrático expresado por todos los candidatos que postulan a la presidencia 2011-2016, quienes suscribieron un Acta comprometiéndose a garantizar sin restricciones, la libertad de expresión y al acceso a la información del Estado, en Lima, el 18 de enero actual convocados por el Consejo de la Prensa Peruana, pues no es admisible que el principio de seguridad jurídica se vea amenazado con tanta facilidad y con ello misma libertad de expresión pendiendo como espada de Damocles la acusación por un imaginario hurto agravado o delito de transmisión de señales de comunicaciones ilegales por el libre albedrío de la administración.

Ante la grave situación expuesta, demandamos a los poderes del Estado, a la Fiscalía y al Poder Judicial se tomen decisiones que efectivamente eviten medidas arbitrarias originadas por normas que en forma defectuosa facilitan la actuación de la administración para acallar voces críticas o independientes y cumpliendo fines de represalia que no son admisibles en una sociedad democrática; además de mencionar que su tipificación y contenido ilícito es de una dudosa constitucionalidad y de no adecuación de la normativa interna a las obligaciones internacionales, en particular, las que garantizan la libertad de pensamiento y de expresión.


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

28 de diciembre de 2010

Informe ANP: Una agresión contra periodistas cada 48 horas

194 ATENTADOS A LA PRENSA PERUANA EN 2010

Un total de 194 atentados se cometieron contra los periodistas peruanos en el 2010 (casi uno cada 48 horas) de acuerdo con el balance preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

La agresión física y verbal encabezan los atentados con 87 casos. Le siguen la amenaza y hostigamiento (46), así como la presión jurídica (26). También han ocurrido 15 presiones administrativas, 11 trabas al ejercicio de la profesión periodística, cinco detenciones arbitrarias, tres daños a la propiedad y una traba a la circulación de la información.

En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (89), seguido por funcionarios civiles (63); policías/militares y/o serenos (27), además de 15 agresiones perpetradas por elementos no identificados.

Cajamarca y Maynas con más agresiones a periodistas

Cajamarca con 20 atentados, Maynas con 19 y Lima con 16 se convirtieron este año en las áreas de mayor peligro para ejercer el periodismo en el Perú. Le siguen Chiclayo y Huamanga con nueve; Coronel Portillo con ocho; y Huaura y Mariscal Nieto con siete respectivamente.

Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Alto Amazonas y el Santa donde se cometieron en cada ciudad seis atentados contra la prensa nacional, de acuerdo con el informe de la OFIP.

Cinco agresiones se han cometido en Andahuaylas, Carabaya y Huánuco. Cuatro en Ferreñafe, Huaraz, Ica, San Martín, Utcumbamba; tres en Huaylas, Lambayeque, Leoncio Prado, Pacasmayo, Padre Abad, y Sechura.

Con dos atentados contra el libre ejercicio periodístico se encuentran Arequipa, Atalaya, Azángaro, Callao, Piura, Satipo, Sullana; y con uno Caravelí, Casma, Condorcanqui, Chanchamayo, Chepén, Espinar, Huallaga, Huaral, Ilo, Jaén, Lamas, Loreto-Nauta, Moyabamba, Palpa, Pomabamba, San Román, Rioja, Tumbes y Trujillo y Urubamba.

Un total de 68 periodistas de radio resultaron agredidos este 2010, e igual número en el caso de los comunicadores de la prensa escrita. En el caso del área televisiva, se cometieron 58 atentados.

De ese total, fueron blancos de atentados 157 varones; 26 mujeres y 11 medios de comunicación.

Entre los episodios de mayor recordación del 2010, sin duda está la restitución, el 19 de agosto, de la licencia a Radio La Voz, de Bagua, tras catorce meses de espera y protesta.

En el año el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) arremetió contra Radio Televisión Oriente (Yurimaguas) y Radio La Buenísima (Sechura). En el primer caso, en el mes de enero, anuló la licencia de funcionamiento del canal de televisión que transmitía por UHF alegando que no contaba con autorización. En el segundo, apoyado en un cuerpo de 25 policías y dos funcionarios del MTC confiscó equipos de transmisión.

Ataques a Radio La Bravaza (La Libertad), en cuyas instalaciones desconocidos arrojaron dos bombas caseras y a Radio Libertad (Atalaya, Ucayali), que fue incendiada, también por elementos no identificados, son muestras de la intolerancia propia de campañas electorales como las recientemente vividas. A lo relatado se suma lo acontecido también en Atalaya donde un grupo de simpatizantes del Movimiento Político Todos Somos Ucayali destruyó los equipos de transmisión de radio Melodía.

Entre las presiones jurídicas registradas en el año es importante destacar lo sucedido en el mes de agosto en Satipo, Junín, con el periodista Fernando Santos Rojas quien fue sentenciado a un año de pena privativa de libertad suspendida en la querella por el delito contra el honor, interpuesta por César Augusto Merea Tello, alcalde de Satipo. Santos, vía radio Estudio 99, criticó a la autoridad municipal sobre presuntos hechos de corrupción que investigaba el Ministerio Público.

A ello se suma la sentencia contra el periodista José Alejandro Godoy, del blog político “Desde el Tercer Piso”, condenado a tres años de pena privativa de libertad suspendida y al pago por concepto de reparación civil de 300 mil nuevos soles (US$ 107 mil), así como, a 120 días de trabajo social –el periodista fue querellado Jorge Mufarech, ministro del gobierno de Alberto Fujimori y congresista en el gobierno de Alejandro Toledo-.

En diciembre y para cerrar el año un fallo del Tribunal Constitucional (TC) dictado en el marco de un proceso sobre hechos de corrupción (“petroaudios”) prohibió a los medios de comunicación la divulgación de conversaciones telefónicas interceptadas o ‘”chuponeadas”, sin el consentimiento de los involucrados.

La sentencia del TC hecha pública el 9 de diciembre señalaba que “los medios de comunicación social se encuentran prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas, salvo que exista autorización de los interlocutores grabados o un mandato judicial motivado que permita su difusión por ser de interés público, bajo responsabilidad de ser denunciados penalmente”.

Tras la crítica unánime del gremio de la prensa el Tribunal Constitucional aclaró su posición el 14 de diciembre, precisando que se puede difundir siempre que el tema sea de “interés público”.

Perú, a pesar de no tener el número de periodistas asesinados de México y Honduras, sigue siendo considerado como uno de los territorios más riesgosos para el ejercicio periodístico, registrando el número más alto de agresiones físicas y querellas judiciales en la región durante el 2010.


Lima, 28 de diciembre del 2010


Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP

Para mayor información y solicitar el reporte caso por caso sírvase contactarnos a los teléfonos: 4270687, 4278493, RPM #619979 o e.mail: anp@amauta.rcp.net.pe

19 de agosto de 2010

GOBIERNO RESTITUYE LICENCIA A RADIO LA VOZ DE BAGUA

Tras 14 meses de espera, esta tarde, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Resolución Ministerial No. 384-2010-MTC/03, restituyó la licencia a la radio La Voz de Bagua.

La decisión le fue comunicada al director de Radio la Voz, Carlos Flores Borja, por el primer ministro Javier Velásquez Quesquén, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, en presencia de representantes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el Instituto Prensa y Sociedad y el Consejo de la Prensa Peruana.

"La radio puede volver al aire desde mañana (viernes), o en las próximas horas porque en el Perú hay libertad de expresión", aseguró Velásquez.

El primer ministro, inició el diálogo asegurando que acudía por mandato expreso de la Presidencia de la República y con la plena voluntad política de solucionar un tema que ponía en tela de juicio el respeto del gobierno a la libertad de expresión.

Cuarenta y ocho horas antes la ANP, IPYS y el CPP habían sostenido una reunión con la titular de la Defensoría del Pueblo, quien tras respaldar la causa anunció medidas inmediatas para invocar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la corrección de un exceso administrativo.

Carlos Flores y su familia, soportaton un acoso administrativo por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, traducido en el inicio de procedimientos sancionadores, ejecuciones coactivas y el embargo de una cuenta bancaria. A su turno, fueron sometidos a acusaciones penales de apología de delitos e instigación a la comisión de ilícitos contra el orden público. A la fecha el Ministerio Público había desechado tales cargos.

Como se recuerda, la clausura de radio La Voz se produjo como represalia por la transmisión informativa de los acontecimientos, ocurridos el 5 de junio en la llamada “Curva del Diablo”, que enlutaron a hogares peruanos de custodios del orden público y pobladores de la zona. Tras ello se intentó exusar técnica y administrativamente el cierre que mereció la repulsa de la propia Organización de Estados Americanos.

28 de mayo de 2010

Pronunciamiento - LIBERTAD DE PRENSA GARANTÍA DE DIVERSIDAD Y PLURALIDAD




En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú hace llegar su saludo gremial a todos cuantos están inmersos en el trabajo diario de informar con la verdad a la colectividad peruana.


La ANP considera que la fecha es importante para destacar la trascendencia que tiene hoy, más que nunca, la libertad de expresión en nuestro país, al mismo tiempo, que hace recordar que tal derecho fundamental es garantía para sostener los principios de diversidad y pluralidad, en razón de que constituyen elementos vitales para la defensa y la protección de todos los derechos que sustentan la vida y la paz en democracia.


Pero, de igual manera, nuestra organización gremial fiel a los valores que le dieron origen, no puede pasar por alto la situación de preocupación e incertidumbre que atraviesan los periodistas y los medios de comunicación como consecuencia de los graves males que afectan a la sociedad peruana y que se reflejan en los altos índices de criminalidad organizada, narcotráfico y corrupción política.


Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico, sobre todo supranacional, está permitiendo avances muy importantes para que se respete el derecho a la libertad de prensa y la expansión de las redes sociales está haciendo posible la defensa y protección de tal derecho, también es verdad que equivocadas decisiones políticas están dando origen a represiones en perjuicio de medios de comunicación social, especialmente de la radiodifusión provinciana.


El caso de radio La Voz de Bagua, de Utcubamba, que ha merecido la observación de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, y la protesta de la Federación Internacional de Periodistas, Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, Centro de Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), Artículo XIX, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS), así como de importantes organizaciones nacionales como el Consejo de la Prensa Peruana, IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, constituye el referente de mayor trascendencia sobre la falta de respeto en nuestro país a la libertad de prensa, sin que se obvien casos muy recientes como el de radio "Buenísima", de Sechura, y Televisión Oriente en Yurimaguas, Alto Amazonas, entre otros.


No se puede ocultar, por lo demás, que aún cuando los desafíos históricos de la libertad de prensa son afrontados con decisión y fundada razón por los defensores de este derecho, igualmente es cierto que existe preocupación por la persistencia de quienes quieren guillotinar el derecho a informar con la verdad, en muchos casos por la actitud parcializada de fiscales y jueces prevaricadores y en otros por presiones de los intolerantes a la crítica, sobre todo de quienes tienen poder económico o poder político.


Los casos más recientes de los periodistas Enrique Lazo, en la provincia de Ilo, Geovanni Acate Coronel, en Alto Amazonas y Esther Valenzuela, en Huamanga, querellados a consecuencia de su trabajo periodístico, son una muestra de lo que está ocurriendo respecto a la administración de justicia en nuestro país y que obliga a tener que denunciarlos por cuanto resultan limitaciones muy graves al derecho a la información y que, por otro lado, explica porqué el Congreso de la República ha tomado la decisión de archivar el proyecto presentado para la despenalización de los llamados delitos de prensa, tal como aconseja la doctrina moderna que promueve la Organización de Estados Americanos.




3 de mayo 2010




COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP presenta informe en víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa


EN APENAS 120 DÍAS SE HAN COMETIDO
72 ATENTADOS CONTRA PERIODISTAS EN PERÚ

El Perú continúa siendo uno de los lugares más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo. En apenas 120 días del 2010, se han cometido ya 72 atentados contra los comunicadores peruanos, alertan cifras de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) presentadas en la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo).

La agresión física y verbal encabezan los tipos de atentados con 35 casos. Le siguen la amenaza y hostigamiento (15) así como la presión jurídica (13). Los preocupantes datos arrojan también seis presiones administrativas, y tres trabas al ejercicio de la profesión periodística.

En su mayoría, los atentados han sido cometidos por civiles (36); funcionarios civiles (17); policías/militares y/o serenos (17). A ellos se suman dos atentados perpetrados por gente no identificada.

Zonas con más agresiones a periodistas

Cajamarca y Mariscal Nieto se han convertido hasta abril de este año en las áreas de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el Perú, al contabilizarse siete agresiones en cada una de esas ciudades, seguidas por Lima, Maynas y Alto Amazonas con seis atentados respectivamente.

Otros lugares de riesgo para la prensa peruana son Huamanga y El Santa, donde se han producido en total 10 atentados contra la prensa nacional.

Tres agresiones se ha cometido en Chiclayo, Huaral, y Padre Abad. Dos en Arequipa, San Martín e Ica respectivamente.

Con un atentado contra el libre ejercicio periodístico se encuentran Andahuaylas, Callao, Coronel Portillo, Huallaga, Huaral, Huaraz, Huaylas, Ilo, Leoncio Prado, Pacasmayo, Pomabamba, Trujillo, Sechura, Urubamba y Utcubamba.

Un total de 26 periodistas de radio han sido agredidos este 2010. Veintidós de de la prensa televisiva y 14 de la escrita también han sufrido atentados. De ese total, 60 varones, nueve mujeres y tres medios de comunicación fueron blancos de atentados.

Para la ANP el caso de radio La Voz de Bagua, de Utcubamba –no resuelto aún- constituye el referente de mayor trascendencia sobre la falta de respeto en nuestro país a la libertad de prensa, sin que se obvien casos muy recientes ocurridos en las provincias de Sechura, Mariscal Nieto (Moquegua) y Alto Amazonas (Yurimaguas), entre otros.

Las presiones judiciales –expresadas primordialmente a través de las querellas- se han constituido en una grave amenaza para el ejercicio periodístico. Lo sucedido en Huamanga con la periodista Esther Valenzuela y en Ilo con el periodista Enrique Lazo son una muestra de lo que está ocurriendo respecto a la administración de justicia en nuestro país.

En el último caso, el reciente 7 de abril el periodista Enrique Lazo Flores, director del diario “La Región” fue condenado a 18 meses de prisión suspendida por el presunto delito de difamación en agravio de Renato Ascuña Chavera, Consejero del Gobierno Regional de Moquegua.

Jenrry Daivy Corrales, juez del Primer Juzgado Unipersonal de Ilo, en su falló argumenta que Lazo Flores “va más allá de su labor de periodista”, cuando ante la opinión pública informa y critica la conducta del funcionario público.

A ello se suma lo acontecido en Yurimaguas donde el 1 de marzo Sandra Alarcón, fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas solicitó 10 años de pena privativa de la libertad y un pago de 15 mil nuevos soles por concepto de reparación civil, contra el periodista Geovanni Acate Coronel, director de Radio Oriente y Canal 8 TV.

Por las cifras y la naturaleza de los casos registrados Perú, junto a México, Colombia y Honduras sigue siendo de los países con mayor riesgo para la labor periodística.


3 de mayo 2010

Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP